Tortilla con Sal, 30 de agosto 2017
No es aconsejable tomar a pie de la letra ningún informe, sea gubernamental o no gubernamental, divulgado por las distintas burocracias imperialistas en Washington. El sesgo ideológico y la autojustificación institucional impiden que estos informes ofrecen una versión verdadera y confiable de casi cualquier tema. El último informe del Banco Mundial sobre Nicaragua es un ejemplo más de esta realidad. La verdad implícita en este informe es que el Presidente Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, en solamente siete años desde 2010, han logrado un giro económico radical sin precedentes en Nicaragua.
Al leer el informe es imposible ignorar la tensión que existe entre los latentes imperativos ideológicos y políticos y la obligación de reportar los hechos reales. Para plantearlo de otra manera, es evidente que prevalece un moderado nivel de conflicto entre la casa matriz del Banco Mundial en Washington y sus oficiales locales que enfrentan la realidad en el terreno. Desde Washington, la tendencia es de minimizar los logros del Presidente Ortega y su gobierno y también de encubrir la historia lamentable del mismo Banco Mundial en Nicaragua. En cambio, los funcionarios locales del Banco Mundial cumplen con su deber de reportar la realidad.
Un total de 71 personas aportaron a la elaboración del informe. Si se supone que cada una de aquellas 71 personas trabajaban un promedio de un mes en su parte del informe y que su salario promedio sea de unos US$80,000 al año, entonces, pro rata, un mes de trabajo de este equipo habrá costado más de US$500,000, quizás un estimado conservador. Aún así, todo ese dinero compró recomendaciones para el desarrollo de Nicaragua que se pueden resumir en : mejor infraestructura; mejores servicios básicos; más inversión de la empresa privada nacional y extranjera; mayor eficiencia en el gobierno; mejor enfoque de las políticas sociales. Eso es todo. A un costo de US$500,000 o más, uno hubiera podido esperar que se nos iban a informar algo que no se sabía.
En general, el informe reconoce los logros de Nicaragua en la reducción de la pobreza y la desigualdad, en el aumento de la productividad a nivel nacional y la diversificación de la actividad económica y también en la promoción de la estabilidad y la seguridad. Entre sus más de 130 páginas el informe contiene, entre mucho análisis competente, también francamente reconocidas "brechas de conocimiento". También contiene bastante historia a la medida imperial que encubre lo que el dramaturgo británico Harold Pinter en el discurso de su Laureado Nobel de 2005 llamó justamente "la tragedia de Nicaragua". El mismo Pinter bien habría calificado este informe del Banco Mundial como ingenioso, por motivo de sus fáciles y audaces omisiones. Por ejemplo, el Banco Mundial reconoce las catastróficas secuelas destructivas de la guerra en Nicaragua durante la década de los 1980s, sin embargo omite cuidadosamente el siniestro papel deliberado del gobierno de los Estados Unidos en ese tiempo, ahora repetido en Siria y Venezuela.
El informe repite la patraña de la llamada "transición democrática" supuestamente iniciada en 1990. De hecho fue el Frente Sandinista de Liberación Nacional que organizó las primeras elecciones democráticas, libres y equitativas en Nicaragua en 1984. En aquel entonces, el gobierno estadounidense ordenó al principal movimiento de la oposición política a boicotearlas. A pesar de la guerra, Daniel Ortega y el Frente Sandinista ganaron aquellas elecciones con 67% de la votación, muy parecido al resultado de las elecciones nacionales más recientes en 2016. El pesado sesgo ideológico del informe también podría explicar por qué el Banco Mundial fija el inicio del giro económico en Nicaragua firmemente dentro de la época de los gobiernos neoliberales antes de 2007. Pero fue precisamente en ese tiempo cuando el Banco Mundial estuvo imponiendo, de la manera más activa posible, recortes del gasto del sector público, abogando, por ejemplo, para la privatización de, entre otros, la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados y también el sistema de educación.
En aquel entonces, el prácticamente abandonado sistema de generación de energía eléctrica fue incapaz de producir ni 400 megavatios al día. Así que áreas muy extensas del territorio nacional retrocedieron a las condiciones del Siglo 19 durante diez o doce horas, día tras día, mes tras mes. Así fue el premio regalado a Nicaragua luego de 17 años de la llamada "transición democrática". En ese tiempo Nicaragua también sufrió la devastación y pérdida masiva de vidas humanas del Huracán Mitch con un costo del 20% del Producto Interno Bruto del país, solo para que el corrupto gobierno neoliberal de la época malversara decenas, o quizás cientos, de millones de dólares en fondos de reconstrucción y asistencia humanitaria. El único logro económico significativo de la época neoliberal en Nicaragua fue la negociación exitosa de un alivio sustancial de la deuda externa.
Cuando el Presidente Ortega tomó posesión en enero 2007, tenía que enfrentar cuatro años de crisis a nivel interno con una Asamblea Nacional en que la oposición política tenía una mayoría y que sistemáticamente impidió una fluida implementación del programa de gobierno. Además, durante 2007 y 2008, Nicaragua y toda la región lucharon en vano para contener las brechas en la balanza de pagos contra los precios del petróleo que, a medianos del 2008, tocaron US$147. Este desastre económico fue agravado por el efectivo colapso del sistema financiero occidental durante 2008 y 2009. En este último año, la economía de Nicaragua sufrió una contracción de 3%. Solamente en 2010 fue posible para Nicaragua tener condiciones internas y externas suficientemente estables para poder consolidar y mejorar sus programas sociales, mejorar la inversión en infraestructura, democratizar y diversificar la economía, aumentar la cobertura de servicios básicos, atraer la inversión externa directa...
Si esto suena de repente familiar, así debe de ser, porque es casi exactamente la receta para promover el desarrollo económico que se ofrece en este más reciente informe del Banco Mundial, que esencialmente consiste en un resumen embellecido de las políticas ya en proceso de ser implementadas por el gobierno del Frente Sandinista durante más de una década. O, para ponerlo de una manera positiva, el Plan Nacional de Desarrollo Humano y otros documentos relevantes indican que el intercambio entre el Banco Mundial y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional del Presidente Ortega ha sido un intercambio fructífero de aprendizaje mutuo.
Por su parte, la oposición política en Nicaragua ha tomado partes del informe de manera selectiva en un intento de menospreciar los destacados logros del gobierno del Frente Sandinista. De verdad, durante los 17 años de los gobiernos neoliberales que ejecutaron las políticas recomendadas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en las áreas criticadas en el informe, por ejemplo el acceso al agua potable e infraestructura sanitaria adecuada, o la educación, sufrían de una crónica falta de inversión, agravada por niveles escandalosos de desperdicio de recursos y de corrupción. Ahora, de manera hipócrita, el Banco Mundial critica al gobierno el Presidente Ortega porque sus políticas sociales padecen de dificultades intrincadas originalmente provocadas por el mismo Banco Mundial y el FMI.
De igual manera, cuando el informe del Banco Mundial critica la eficiencia del enfoque de las políticas sociales, no menciona ni una vez el incuestionable éxito del programa Usura Cero de microcrédito o del programa Hambre Cero en apoyo a las familias rurales empobrecidas, ambos enfocados para beneficiar a las mujeres. Estos programas han rescatado decenas de miles de familias de la pobreza y, además, junto con un apoyo sin precedentes para el sector cooperativa, han democratizado la economía de Nicaragua de una manera radical, especialmente a favor de las familias rurales y las mujeres. Este proceso socio-económico de suprema importancia para la estabilidad del país y el bienestar de la población es completamente ausente del informe del Banco Mundial.
En su discusión de casi todos estos temas, el informe contribuye aportes, con mayor o menor detalle, que en gran parte ya se habían identificado por el gobierno del Presidente Ortega y su equipo. En cada tema, la causa subyacente de los problemas actuales o la falta de progreso hasta la fecha, por ejemplo en relación a los conflictos de las propiedades o a la sostenibilidad del sistema de seguro social, ha sido el legado de la crónica falta de inversión y de reversión de importantes logros de la Revolución Sandinista de los años 1980s, que caracterizaban el período de los gobiernos neoliberales. Ese período fue uno de una decidida restauración de los privilegios de las élites del país en perjuicio de la gran mayoría de la población.
El Banco Mundial y el FMI eran socios entusiastas de ese proceso reaccionario y habrían seguido en 2007 y 2008 si Daniel Ortega y su gobierno no se hubieran emperrado con esa ofensiva ideológica imperialista. El Presidente Ortega logró resistir e insistir en su programa Cristiano, Socialista y Solidario respaldado por la inversión social y productiva procedente de Venezuela y Cuba en el marco de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de nuestra América, ALBA. Desde ese momento, como se indica en este más reciente informe, parece que el Banco Mundial, por lo menos para el momento, ha aprendido dos lecciones claves del Presidente Ortega y su gobierno.
En un mundo dominado por la globalización a cargo de las élites corporativas, el informe de Banco Mundial reconoce de manera implícita, primero, la importancia de una economía mixta controlado por un Buen Gobierno central y, segundo, el papel vital de un amplio proceso de diálogo que incluye todos los sectores de la sociedad y la economía para así poder promover y sostener la estabilidad nacional. Esencialmente, el Banco Mundial ha reconocido el innegable éxito de las políticas de la Revolución Sandinista inspiradas por el socialismo y basadas en la solidaridad y la cultura cristiana nicaragüense. Son políticas que, por un lado, priorizan de manera categórica las necesidades y potencial de las personas humanas por encima de las ganancias corporativas y, por otro lado, demuestran la incapacidad del capitalismo de hacerlo.