HONDURAS: En fiestas de Navidad el gobierno privatizó el puerto de San Lorenzo

Submitted by tortilla on Mar, 09/01/2018 - 18:58

Redacción Central / EL LIBERTADOR, 9 e enero 2018
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En pleno “alboroto” por las fiestas navideñas, el gobierno que preside el reeleccionista Juan Hernández, aprobó la privatización del puerto de la ciudad de San Lorenzo, ubicada en el departamento de Valle al sur del país. La noticia fue dada a conocer en la publicación del martes 27 de diciembre de 2017 del diario oficial “La Gaceta”, bajo el decreto 105-2017 del Poder Legislativo.

De ese modo el gobierno autorizó a Coalianza la operatividad del puerto y la administración total y “procedimiento necesario” de 50 millones de dólares, para efectuar el proyecto de “modernización”.    

Tegucigalpa.  El presidente hondureño, Juan Hernández, aprobó privatizar el puerto de la ciudad de San Lorenzo, Valle, al sur del país, según lo referido en la publicación 34,527 del diario oficial “La Gaceta” del martes 27 de diciembre de 2017. Según el documento, bajo el acuerdo 132-2017 de la Secretaria de Desarrollo Económico, el gobierno decretó conceder a la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza), “cuanto tramite y procedimiento sea necesario”, basándose en el proyecto de “modernización” del puerto.

Lo anterior, había sido una iniciativa “presentada por el consorcio conformado por las empresas Terminal Portuaria Multipropósito de San Lorenzo, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Estibadores y Reparaciones Industriales, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

En ese sentido, la propuesta se entregó a Coalianza para efectuar el “Proyecto de Modernización y Desarrollo de la terminal del puerto de San Lorenzo”. El documento oficial del gobierno establece que para efectuar lo mencionado se invertirá más de 50 millones de dólares, que a la tasa de cambio actual equivale a 1,175 millones de lempiras.

De ese modo, el gobernante Partido Nacional, ha dado control total a Coalianza sobre el puerto y además se ha solicitado el Sistema Nacional de Inversiones Públicas; sin embargo, se ratifica que la secretaria de la institución público-privada iniciará de oficio “todos los procedimientos administrativos y los expedientes que correspondan para la consecución del fin”.

El decreto habría sido aprobado por varios funcionarios de gobierno desde el pasado 20 de noviembre de 2017, según la publicación de “La Gaceta”.

Entre los nombres de empleados públicos destacan: el presidente reeleccionista, Juan Hernández; el secretario general del gobierno, Jorge Hernández Alcerro; el secretario de la presidencia, Ricardo Cardona; y el secretario en los despachos de derechos humanos, justicia, gobernación y descentralización, Héctor Leonel Ayala.

De ese modo, se ratifica que fue el Poder Ejecutivo quien ordenó un nuevo caso de  privatización de obras públicas, sumándose al consorcio de carreteras construidas con fondos de la cuenta del milenio.