John Perry, Covert Action Magazine, 7 de diciembre 2023
https://covertactionmagazine.com/2023/12/06/nicaraguas-finance-minister-details-how-u-s-sanctions-impact-nicaraguas-poor/
El Ministro de Hacienda de Nicaragua detalla cómo afectan las sanciones de EE.UU. a la gente mas pobre de Nicaragua
Iván Acosta (derecha) habla con el autor (Foto: Camila Escalante)
¿Es cierto que el 50% de los nicaragüenses quieren abandonar su país debido al clima de represión y al declive económico, supuestamente derivados de las políticas socialistas? Así lo afirma un informe publicado por AmericasBarometer, una agencia de investigación con sede en la Universidad de Vanderbilt, que no tiene en cuenta que su anterior previsión, según la cual el 30% de los nicaragüenses se iría después de 2018, resultó ser totalmente errónea.
En realidad, la llamada represión es la reacción del gobierno a un violento intento de golpe de estado respaldado por EE.UU. El informe de AmericasBarometer también ignora el hecho de que muchas de las dificultades económicas que aún tiene Nicaragua son atribuibles a las sanciones de EE.UU., que se han aplicado ilegalmente bajo falsos pretextos.
A pesar del enorme daño causado por la intervención estadounidense, la economía de Nicaragua ha mejorado drásticamente bajo el gobierno de Daniel Ortega, un líder de la revolución socialista sandinista de Nicaragua de 1979 que ha estado en el poder desde 2007.
El Ministro de Hacienda, Iván Acosta, concedió una entrevista en la que detalló cómo Nicaragua encaja en el patrón más amplio por el que las sanciones afectan negativamente a la clase trabajadora y a los pobres, mientras que hacen poco para afectar a un cambio en la política del gobierno.
Las sanciones de Estados Unidos se han aplicado contra Nicaragua sobre la base de la falsa afirmación de que Ortega cometió graves abusos contra los derechos humanos, cuando su gobierno reaccionó en gran medida con moderación ante el violento intento de golpe de estado de 2018 que provocó que el PIB de Nicaragua disminuyera en más del 4%.
En 2024, Nicaragua entrará en el 45º año de su revolución. Las primeras sanciones estadounidenses -nada menos que un bloqueo económico total - acompañaron a la guerra de la Contra de los años ochenta, patrocinada por Estados Unidos. El entonces gobierno sandinista emprendió acciones legales contra el gobierno estadounidense, pero nunca ha recibido los 17.000 millones de dólares en reparaciones concedidos por la Corte Internacional de Justicia cuando, en 1986, ganó su caso.
El empobrecimiento y la pérdida de 30.000 vidas nicaragüenses en la guerra condujeron a la derrota electoral de los sandinistas en 1990, anunciando 16 años de gobiernos neoliberales. Washington, que había amenazado con que la guerra continuaría si los sandinistas eran reelegidos, parecía haber ganado.
Sin embargo, los sandinistas son resistentes y reconstruyeron su apoyo popular a medida que las políticas neoliberales se deshacían. Desde que volvieron al poder en 2007 tras ganar las elecciones de 2006, los sandinistas han reconstruido en gran medida Nicaragua tras el desastre neoliberal.
Baste un ejemplo de sus logros, citado por Iván Acosta. Señaló que los diferentes gobiernos que estuvieron en el poder desde 1990 hasta 2006 construyeron sólo dos hospitales y pusieron en marcha otro. En cambio, en un lapso similar, los sandinistas han construido 17 hospitales, entre ellos tres avanzados, y actualmente construyen cuatro más. En total, contando también los centros de salud, hay 77 establecimientos públicos de salud, más que en ningún otro país centroamericano (ver gráfico).
Excepto cuando se eligen gobiernos neoliberales, Washington afirma sistemáticamente que las elecciones nicaragüenses son manipuladas o fraudulentas. Así ocurrió en 1984, luego en 2006 y en cada elección desde entonces.
Como han revelado Wikileaks y otras fuentes, Estados Unidos reanudó su conspiración antisandinista mucho antes del regreso del partido al poder en 2007, y esto culminó con el patrocinio estadounidense del intento de golpe de Estado en 2018 (cuya historia se ha contado en cuatro artículos escritos conjuntamente con Dan Kovalik). Tras el fracaso del golpe, Washington reorientó sus esfuerzos hacia el intento de desacreditar las elecciones del país de 2021. Volvió a fracasar, las elecciones tuvieron una participación del 66% y el presidente sandinista Daniel Ortega fue reelegido con el 75% de los votos.
Mientras lleva a cabo una campaña sostenida de denigración de su gobierno, Washington ya no cuenta con la organización dentro del país - una extensa red de ONG, medios de comunicación y organismos de "derechos humanos" financiados por fuentes estadounidenses - que facilitó el intento de golpe. Éstas han sido desalojadas por el gobierno sandinista y, en un acuerdo alcanzado con la administración Biden, la mayoría de los líderes de la oposición han sido exiliados (aunque varios de ellos siguen recibiendo financiación de Washington). Algunas ONG operan ahora desde Costa Rica, pero ya no pueden captar fácilmente adeptos en Nicaragua como antes.
Esto significa que las sanciones son la principal arma de que dispone Estados Unidos en sus esfuerzos por dañar las condiciones económicas y sociales dentro de la propia Nicaragua. Concebidas mucho antes de que los sandinistas regresaran al poder, finalmente se formalizaron en la "Nica Act" de 2018 y posteriormente se reforzaron en la "Renacer Act" de 2021.
Como ocurre con la mayoría de las sanciones, aliados de Estados Unidos como Canadá, Reino Unido y la Unión Europea han seguido en gran medida el ejemplo estadounidense.
A grandes rasgos, las sanciones son de tres tipos. En primer lugar, las dirigidas a restringir el acceso de Nicaragua a la financiación de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. En segundo lugar están las restricciones comerciales, dirigidas a las exportaciones nicaragüenses.
En tercer lugar están las sanciones personales, que ahora abarcan a decenas de funcionarios nicaragüenses a título individual. Dado que los efectos del tercer grupo fueron examinados en un artículo anterior en Covert Action, conjuntamente con Erik Mar, mi entrevista con Iván Acosta se centró en los dos primeros.
En primer lugar, el ministro señaló que Nicaragua tiene un excelente historial en el uso eficaz y la rendición de cuentas de las diferentes formas de ayuda financiera internacional que ha recibido. Por ello, nunca esperó respuestas negativas de estas instituciones si necesitaba ayuda.
Por ejemplo, mucho antes de 2018, el FMI había acordado con el Gobierno que, en circunstancias normales, su economía ya no necesitaría su ayuda, porque se había establecido una gestión fiscal eficaz y, en 2017, el país había disfrutado de una década de crecimiento sostenido. En ese momento, la economía de Nicaragua solo estaba sujeta a la supervisión periódica del FMI, conocida como "Artículo 4."
El intento de golpe de Estado, que comenzó en abril de 2018, duró casi cuatro meses. Además de su importante coste humano, empujó la economía bruscamente a la recesión, haciendo temer una corrida de la moneda nicaragüense (el córdoba) que dañaría aún más sus finanzas. Iván Acosta explicó que, dada su buena relación con el FMI, era natural pedirle ayuda.
Sin embargo, aunque los funcionarios se mostraron muy comprensivos, dejaron muy claro que cualquier solicitud formal sería rechazada a instancias de Washington. Para evitar situaciones embarazosas a ambas partes, nunca se solicitó ayuda. Afortunadamente, el ataque al córdoba nunca llegó a producirse.
Nicaragua también ha tenido una excelente reputación en la implementación de proyectos exitosos utilizando la financiación de organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que habían aumentado su financiación de 70-80 millones de dólares anuales a principios de la década de 2000 a alrededor de 300-400 millones de dólares en 2017. A partir de 2018, creía Acosta, Nicaragua podría haber esperado al menos 500 millones de dólares anuales en financiación multilateral, pero las sanciones la recortaron drásticamente. Incluso antes de la aprobación de la Nica Act, Washington comenzó a utilizar su influencia dentro de estos bancos para rechazar la mayoría de las propuestas que Nicaragua presentaba.
Esto continuó incluso durante la pandemia: Nicaragua sólo recibió ayuda cuando los principales efectos de Covid-19 ya se habían dejado sentir. Por lo tanto, a pesar de ser un país miembro de estas grandes instituciones financieras, y también a pesar de tener una población con uno de los ingresos per cápita más bajos de América Latina, Washington cerró de hecho sus puertas al gobierno sandinista de Nicaragua.
Iván Acosta explica los efectos de la siguiente manera. Durante los cinco años a partir de 2018, Nicaragua podría haber esperado recibir un total de 2.500-3.000 millones de dólares en fondos para el desarrollo de estos organismos a medida que sus programas siguieran creciendo. De hecho, solo ha recibido quizás el 10% de esta cantidad (financiación limitada relacionada con la pandemia y con los daños causados por dos huracanes severos en noviembre de 2020). ¿Qué podría haber hecho si los fondos que se le han negado hubieran estado disponibles? Acosta pone dos ejemplos. Uno es que se habrían construido más hospitales nuevos (cada unidad de 450 camas cuesta unos 130 millones de dólares). Otro es que uno de los proyectos congelados, presentado pero nunca aprobado, habría permitido que el enorme lago Nicaragua se convirtiera en una nueva fuente de agua potable para la capital, Managua.
Acosta hace especial hincapié en la principal prioridad económica y social del Gobierno, que es reducir la pobreza (ya ha reducido la pobreza general del 48,3% al 24,9% y la pobreza extrema del 17,6% al 6,9%). Como señala, estos objetivos son compartidos con las instituciones internacionales que, paradójicamente, ahora impiden que Nicaragua haga aún más para alcanzarlos. Dice que es irónico que países cuya PIB per cápita oscilan entre 50.000 y 70.000 dólares están negando la ayuda a un país cuyo PIB per cápita ronda los 2.500 dólares.
Sólo uno de los organismos internacionales sigue ayudando a Nicaragua al mismo nivel que antes, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Éste ha financiado hospitales, nuevas carreteras y muchos otros planes, ya que Nicaragua, junto con los demás países miembros de la región, posee más de la mitad de las acciones. Durante la pandemia, la ayuda del BCIE a Nicaragua sólo fue superada por la que prestó a El Salvador.
Para explicar esto, Acosta echa mano del dicho mexicano, de que el banco "...está lejos de Estados Unidos". A pesar de los esfuerzos de Washington y de una campaña sostenida pero sin pruebas por parte de los opositores de Nicaragua para desacreditar al BCIE como "banco de los dictadores", éste sigue poniendo dinero en los proyectos de desarrollo del país.
Si Iván Acosta es pesimista sobre las perspectivas de alivio de las sanciones impuestas a través de los grandes bancos, tiene una visión más optimista de la capacidad de Nicaragua para superar las sanciones comerciales.
Aunque hasta ahora Washington ha intentado perjudicar las exportaciones de azúcar y oro del país, sus esfuerzos han tenido poco efecto. También se han producido amenazas a las exportaciones de café y carne, pero Acosta cree que la posición de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA) ofrece cierta protección.
Prevé una probable reticencia por parte de los países miembros del CAFTA en la región a emprender acciones conjuntas contra uno de los suyos, incluso bajo la presión de Washington, dada la continua importancia del comercio intrarregional y los estrechos lazos entre pueblos separados únicamente por fronteras terrestres. Nicaragua también tiene otra arma en la manga: en enero de 2024 entra en vigor un nuevo acuerdo comercial con la República de China, y ya se están planeando exportaciones de café, marisco y azúcar.
El optimismo del ministro proviene de su conocimiento de que la economía de Nicaragua se está recuperando rápidamente de los daños causados por el intento de golpe de Estado y luego por la pandemia. En el trienio 2020-2022, su crecimiento del 15,8% fue el más rápido de América Latina, y cree que podría haber alcanzado el 20% en ese periodo de no haber estado en vigor las sanciones. Recientemente, el FMI pronosticó un crecimiento del 4% en Nicaragua para 2023. Señala una serie de razones para que los inversores vengan a Nicaragua: actualmente es el país más seguro de la región, tiene las mejores carreteras de Centroamérica (construidas principalmente en los últimos 16 años) y un gobierno que, aunque calificado por Washington de "comunista", en realidad promueve una economía mixta, favoreciendo especialmente a las pequeñas empresas.
El optimismo de Iván Acosta está teñido de pesar. "¿Cuánto más podríamos haber hecho", se pregunta, "de no ser por el intento de golpe y la hostilidad de Washington?".
La persistente ironía de las sanciones estadounidenses, señala, es que mientras el gobierno de Biden afirma que no se aplicarán a planes que alivien la pobreza, de hecho sus efectos son mayores sobre quienes tienen los ingresos más bajos. "No seré yo quien salga perdiendo por culpa de las sanciones", declara, "...será alguien que necesite ayuda, porque la recibirá mucho más tarde de lo que debería".