Stephen Sefton, Tortilla con Sal, 11 de abril de 2021
La actual crisis migratoria de personas de Centroamérica que atraviesan México para llegar a Estados Unidos ha recibido una amplia cobertura internacional.
Algunos informes y artículos señalan, con razón, los orígenes de la crisis en la destructiva intervención de la política exterior estadounidense durante muchas décadas en Centroamérica. Pero incluso muchos de esos artículos no dejan clara la diferencia entre los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) y sus vecinos del SICA (Sistema de Integración Centroamericana). La mayoría de los observadores están de acuerdo en que la inseguridad, los altos índices de delincuencia y el desempleo son los principales factores que impulsan la migración a los Estados Unidos desde El Salvador, Honduras y Guatemala, pero los escritores rara vez se fijan en por qué no hay una migración masiva similar desde los otros países principales de América Central, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.
En el caso de Panamá, hasta el brote de COVID-19 el país disfrutaba de las tasas de crecimiento más altas de Centroamérica, en gran parte gracias al enorme proyecto de ingeniería que duró una década para ampliar el Canal de Panamá y que terminó en 2016. Queda por ver cómo la población panameña, de más de cuatro millones de habitantes, afrontará los efectos económicos de las medidas contra el COVID-19 a la vez de adaptar el desarrollo económico del país tras el fin de ese histórico proyecto de ingeniería. Panamá es un caso especial en Centroamérica porque su economía está dominada por el canal y por su papel como centro financiero y paraíso fiscal.
Costa Rica se ha beneficiado hasta ahora de su legado de muchas décadas de relativa prosperidad general. Pero esa prosperidad está ahora en peligro, tras un periodo de gobiernos neoliberales plagados de corrupción bajo Óscar Arias, su protegida Laura Chinchilla y la continuación de sus políticas erróneas por parte de los presidentes ineficaces que les sucedieron. Más de una década de políticas económicas neoliberales y los malos resultados de la creciente colaboración con la falsa "guerra contra las drogas" de Estados Unidos han provocado una desafección generalizada entre la población de bajos ingresos y la clase media. Ahora, el país tiene que hacer frente a los efectos de la contracción económica resultante de la desaceleración mundial antes de 2020, agravada por los efectos económicos de las medidas restrictivas aplicadas para hacer frente al COVID-19. El país también se enfrenta a un aumento de la influencia del crimen organizado regional, especialmente del narcotráfico.
M&R Consultants poll from October 20th 2020
Lo que realmente explica la ausencia de un número significativo de nicaragüenses entre las decenas de miles de centroamericanos que buscan entrar en las fronteras del sur de Estados Unidos cada mes son los resultados del Plan Nacional de Desarrollo Humano de Nicaragua, especialmente desde 2010. Las exitosas políticas sociales y económicas revolucionarias de Nicaragua y la inversión en infraestructura han garantizado altos niveles de actividad económica productiva, han neutralizado eficazmente el crimen organizado y han promovido altos niveles de seguridad ciudadana para su población de alrededor de 6,5 millones de personas. Los principales componentes del Plan Nacional de Desarrollo Humano actualizado así lo ponen de manifiesto.
Para el año 2026 el sistema de salud pública y gratuita de Nicaragua contará con 104 hospitales, de los 77 actuales, aunado a su modelo de salud comunitaria preventiva y participativa que permitió mantener la actividad económica y contener exitosamente el COVID-19 durante todo el año 2020 y hasta la fecha. Una inversión similar en infraestructuras está prevista en la educación pública gratuita de primaria, secundaria y superior y en la formación profesional, incluyendo programas innovadores de extensión rural hasta el nivel universitario, con comidas escolares y material escolar gratuitos para las y los niños de primaria.
Nicaragua es líder mundial en la representación política de las mujeres y se encuentra entre los cinco primeros países en el índice de la Brecha Global de Género del Foro Económico Mundial. Su policía trabaja en base a políticas comunitarias que dan prioridad a la protección de los jóvenes en riesgo y de las mujeres, en el contexto de una política nacional coordinada para contener y desmantelar el crimen organizado, especialmente las redes de tráfico de personas y de drogas. Nicaragua tiene las tasas de homicidio y robo de automóviles más bajas de la región. Su población participa con entusiasmo en los ejercicios trimestrales de defensa civil nacional, con el fin de mantener y desarrollar continuamente las ya muy eficientes estructuras de gestión de riesgos y mitigación de desastres de la defensa civil del país.
Desde 2007, Nicaragua ha democratizado su economía enfáticamente a través de la producción agrícola de base y los programas de microcréditos urbanos que dan prioridad a las mujeres. El gobierno da prioridad a las pequeñas y medianas empresas, especialmente a través de estrategias para aumentar la productividad agrícola y agroindustrial y promover un desarrollo tecnológico más intenso mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en particular en las zonas más rurales. Las autoridades municipales trabajan activamente para promover las iniciativas económicas de base. y el gobierno también ha priorizado la integración económica y tecnológica de la Costa Caribe. Nicaragua logró liderar la región en el aumento de las exportaciones en 2020 y proyecta un crecimiento general del PIB del 3,5% para 2021, con un retorno esperado para 2026 a los niveles de crecimiento del 5% que el país alcanzó antes del fallido intento de golpe de Estado de 2018.
El gobierno mantiene el agua y la electricidad subsidiadas para los sectores sociales vulnerables y las personas con bajos ingresos. También subvenciona el transporte público en Managua, así como los servicios de autobuses intermunicipales y también el transporte acuático en la Costa Caribe. Para 2023, el 95% de la población tendrá acceso a agua potable. A finales de este año, el 99% del país dispondrá de electricidad, que en 2023 se generará en un 90% con energías renovables. Nicaragua cuenta con las mejores carreteras de Centroamérica y las quintas mejores de América Latina. Está previsto realizar importantes inversiones en los puertos marítimos y aeropuertos del país, en instalaciones deportivas y recreativas y en un mayor programa de construcción de viviendas. Las autoridades seguirán extendiendo de manera gratuita y seguridad de la propiedad a los nicaragüenses, más allá de los 1,8 millones de familias que se han beneficiado hasta la fecha con más de 430.000 títulos de propiedad.
Mientras que los resultados de la planificación del desarrollo de Nicaragua están a la vista, no está nada claro si el Plan Integral de Inversiones e Infraestructuras de 30.000 millones de dólares, promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU y el Presidente de México, López Obrador, para abordar las causas de la migración del Triángulo Norte de Centroamérica tendrá el mismo éxito en términos de desarrollo social y económico integral, seguridad, igualdad y sostenibilidad. Ciertamente, el plan de 4.000 millones de dólares de la administración Biden, fuertemente condicionado, está destinado al fracaso. Entre otras debilidades fundamentales, su mal concebida estrategia, según la portavoz de Biden, Roberta Jacobson, tratará de dar prioridad a las ONG sin integración regional en la planificación del gobierno central.
En cualquier caso, es probable que ni el plan de Biden, ni siquiera el plan promovido por la ONU y México, tengan un impacto significativo en las causas de la migración del Triángulo Norte de Centroamérica hacia Estados Unidos, porque son demasiado poco y demasiado tarde para abordar los profundos traumas sociales de esos países, la arraigada desigualdad económica y el acelerado cambio climático. Del mismo modo, la política estadounidense impide que los países del Triángulo Norte cambien radicalmente sus opciones de desarrollo social y económico negociando inversiones estratégicas de China. China tiene importantes intereses portuarios y de zonas francas en Panamá, El Salvador y Costa Rica y sigue interesada en el propuesto canal interoceánico de Nicaragua. Así, mientras que el ejemplo de Nicaragua muestra una ruta clara para que sus vecinos aborden con éxito las causas fundamentales de la migración impulsada por la angustia social y el estrés económico, la mano muerta de la intervención estadounidense estrangula todas las opciones prácticas, realistas y exitosas de una vida mejor para las mayorías empobrecidas de El Salvador, Guatemala y Honduras.