Stephen Sefton, Tortilla con Sal, 9 de agosto de 2021
Julian Assange
Aunque el término lawfare es de reciente acuñación, el abuso injusto de la ley por motivos políticos se remonta al asesinato judicial de Sócrates y más allá. Así que la injusticia flagrante infligida a individuos comprometidos con la información veraz como Julian Assange, otros antes y después, y ahora, más recientemente, Craig Murray, no debería ser una sorpresa en sí misma. En los casos de Julian Assange y Craig Murray, las autoridades pretenden claramente transmitir el mensaje de que pueden hacer lo que quieran.
Esencialmente, los gobernantes de Escocia y del Reino Unido y sus compañeros de viaje de las medios de noticias están haciendo alarde de su abuso de poder y control para intimidar y criminalizar la disidencia tanto actual y potencial, mientras insisten al público en general que no ha pasado nada importante.
Visto desde Nicaragua, el ataque de lawfare contra Craig Murray y su supresión por parte de los medios de comunicación internacionales, contrasta fuertemente con el prestigio internacional otorgado a Carlos Fernando Chamorro, hijo de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro y un destacado personaje mediático de la oposición política del país.
Chamorro ha colaborado con el gobierno de Estados Unidos desde 1995, cuando trabajó para facilitar la intervención estadounidense en las elecciones presidenciales de Nicaragua de 1996. Posteriormente, en 2004, se convirtió en socio formal de la USAID a través de un contrato con Casals y Asociados, una filial del contratista militar estadounidense Dyncorp.
En aquella época, y más tarde también, Chamorro utilizó la financiación de gobiernos extranjeros de Estados Unidos y de otros países para apoyar a sus aliados políticos en Nicaragua a través de su organización sin fines de lucro el Centro de Investigaciones para Comunicación (CINCO). En 2008, el gobierno sandinista trató de investigar el abuso de Chamorro del estatus sin fines de lucro de CINCO para financiar un grupo político, parte de la alianza electoral de la oposición para las elecciones municipales de ese año. En aquel entonces, los medios de comunicación internacionales montaron una agresiva campaña alegando que la investigación sobre la infracción de la ley por parte de Chamorro amenazaba la libertad de expresión. Al final, Chamorro arregló sus diferencias con las autoridades y continuó con sus virulentos ataques al gobierno del presidente Daniel Ortega, afirmando absurdamente que era víctima de una dictadura.
Gracias a los reportajes de escritores como Jorge Capelán, William Grigsby de Radio La Primerísima y Ben Norton de The Grayzone, la relación financiera de Chamorro con la USAID y las agencias gubernamentales europeas, está bastante bien documentada. Aun así, el propio Chamorro se ha hecho pasar constantemente por un periodista independiente al mismo tiempo que consolidaba un conglomerado mediático de propaganda financiado directa o indirectamente con millones de dólares por gobiernos extranjeros, principalmente el estadounidense. Su grupo de medios de propaganda está formado por varias entidades, entre ellas CINCO y su subsidiario, la revista noticiera online, Confidencial, así como las empresas de medios de comunicación privados Invermedia y Promedia.
CINCO fue despojada de su estatus sin fines de lucro en 2018, porque Chamorro había vuelto a abusar de la condición sin fines de lucro de CINCO, utilizando dinero de gobiernos extranjeros para promover y facilitar el fracasado violento intento de golpe de Estado de 2018. Aun así, sus programas de televisión y su medio de comunicación on line, Confidencial, siguieron emitiendo una constante propaganda antigubernamental, atacando, entre otras cosas, la exitosa política del gobierno para controlar la COVID-19 en Nicaragua. Viajando entre Costa Rica y Nicaragua, Chamorro siguió colaborando con el gobierno estadounidense a pesar de que el presidente Trump designó en 2019 a Nicaragua como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
De hecho, su posición se volvió efectivamente insostenible en julio de 2020, cuando la emisora La Primerísima denunció un documento en el que se esbozaba el programa USAID Responsive Assistance to Nicaragua para un derrocamiento inconstitucional del gobierno en el contexto de la preparación de las elecciones generales previstas para el 7 de noviembre de este año y después. En ese contexto, el cual nunca se reporta por los medios internacionales, se iniciaron investigaciones criminales por posible infracción de la ley sobre las finanzas y actividades de las fundaciones dirigidas por la hermana de Chamorro, Cristiana, y por su primo Juan Sebastián, así como sobre otras personalidades que han facilitado la financiación de Estados Unidos a la oposición política nicaragüense o han pedido abiertamente medidas punitivas de Estados Unidos contra su propio país.
A pesar de su bien documentada condición de mercenario propagandista del gobierno estadounidense, pagado para desestabilizar Nicaragua, prácticamente todos los medios de comunicación internacionales describen falsamente a Carlos Fernando Chamorro como un periodista independiente. Durante la violenta intentona golpista fallida de 2018, el Confidencial de Chamorro, junto con 100% Noticias de Miguel Mora y Radio Corporación, fueron los medios de propaganda más importantes de los promotores del golpe. Todos ellos, en mayor o menor medida, justificaron, incitaron e incluso instigaron los atentados e incendios provocados por la oposición además de los asesinatos y torturas de las y los simpatizantes sandinistas y luego mintieron sistemáticamente para encubrir esos atroces crímenes, culpando de ellos al gobierno y a sus partidarios. A pesar de este historial de odiosa falsedad, Chamorro es presentado como un valiente defensor de la libertad de expresión y galardonado con premios internacionales de periodismo por su constante propaganda malévola y mendaz.
Craig Murray
El contraste con la figura de Craig Murray no puede ser más marcado. Murray renunció por principio a una carrera diplomática bien remunerada en protesta por la negativa del gobierno británico a condenar las horribles violaciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades de Uzbekistán. Se convirtió en un destacado activista contra las guerras, una posición que también le llevó a defender a Julian Assange, en cuyas recientes audiencias de extradición fue prácticamente la única fuente fiable que informó de ese fárrago en detalle. Murray no tiene ingresos seguros, y depende del apoyo financiero de las contribuciones de las personas que admiran sus escritos, su posición antibélica y su franca defensa de las libertades fundamentales. Craig Murray fue procesado por las autoridades escocesas por un reportaje que demostraba de forma convincente cómo miembros del equipo político de la primera ministra Nicola Sturgeon casi sin duda conspiraron para inculpar al ex primer ministro escocés Alex Salmond de falsas acusaciones de abusos sexuales.
El caso fue extremadamente controvertido y embarazoso para el gobierno escosés porque Salmond fue exonerado de todos los cargos en un juicio de jurado. Posteriormente, el equipo político de Sturgeon y sus aliados en los medios de comunicación apoyaron un proceso penal anómalo que acusaba a Craig Murray en efecto por haber defendido públicamente a Alex Salmond, poniendo al descubierto la corrupción del gobierno escosés. Como ha señalado el ex secretario de Justicia de Escocia, el diputado Kenny MacAskill, Murray fue injustamente señalado por hacer lo mismo que otros reporteros, los cuales no fueron procesados. "Que haya personas acusadas en los tribunales escoceses y que se enfrenten a posibles penas de prisión por hacer simplemente lo mismo que ha hecho la prensa generalista, pero que no hayan sido procesadas, es sencillamente inaceptable. También hay una razón por la que me veo obligado a plantearlo aquí: es que la posición del Lord Advocate de Escocia ya no es sostenible. Tiene que haber una separación de poderes de tener una persona que sea a la vez asesor jurídico del Gobierno escocés y también el jefe de la fiscalía en Escocia".
En Escocia, la figura del Lord Advocate es el principal asesor jurídico del gobierno escocés, pero también es el fiscal, una confusión de funciones que ha sido objeto de especial controversia desde el primer parlamento escocés descentralizado en 1999. El Lord Advocate es nombrado por el monarca británico a partir de la recomendación de la primera ministra escocesa, desde 2014, Nicola Sturgeon. El caso contra Murray se juzgó sin jurado a través de un sistema de justicia penal corrupto y dotado de personal políticamente leal al gobierno escocés.
El juez principal en el caso de Murray, el Lord Justice Clerk, el segundo puesto judicial más importante de Escocia, era Lady Leeona Dorrian. Al igual que el Lord Advocate James Wolffe, ella también fue nombrada por el monarca británico en 2016 por recomendación de la Primera Ministra, Nicola Sturgeon. Dorrian tenía un interés material en procesar con éxito a Murray y darle una sentencia punitiva satisfactoria para su jefa política, ya que, como ha explicado Kirsten MacDonald, "muchos creen que su ambición es reemplazar a Lord Carloway, que se jubila en breve, como Lord Presidente, el juez más importante de Escocia. El nombramiento lo hará la Reina por recomendación de Nicola Sturgeon".
Precisamente este tipo de escuálido amiguismo político y abuso del sistema judicial ha servido para encarcelar a muchas figuras políticas progresistas prominentes como el ex presidente de Brasil Lula da Silva y el ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, así como para perseguir a la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, entre muchos otros. En cierto sentido, esos políticos son relativamente afortunados, porque los periodistas de América Latina corren mucho más riesgo de sufrir violencia por motivos políticos que de ser perseguidos injustamente por la justicia al estilo lawfare. En Brasil, México, Colombia, Honduras, Haití y otros países de la región, los periodistas son atacados con regularidad e incluso asesinados por sacar a la luz las irregularidades y delitos oficiales.
Eso en sí mismo debería hacer que la gente se pondrían a pensar cuando leen las falsas quejas de Carlos Fernando Chamorro sobre la injusta represión, como si los periodistas de Estados Unidos o Europa a los que se les descubre cogiendo dinero del gobierno ruso o chino para difundir propaganda antigubernamental y desestabilizar sus países no se enfrentaran a las represalias oficiales. En cualquier caso, una comparación entre el tratamiento de Carlos Fernando Chamorro y el de Craig Murray o Julian Assange es saludable. Los mercenarios traidores a sueldo como Chamorro son agasajados por los medios de comunicación del Occidente y reciben premios de sus prestigiosas instituciones. En cambio, esos mismos medios de comunicación e instituciones imperialistas someten a auténticos reporteros y editores de buena fe como Craig Murray y Julian Assange a difamaciones y calumnias vengativas, convirtiéndolos en parias mientras sus derechos básicos son sistemáticamente negados por un corrupto sistema de injusticia.