INCREMENTO DEL RIESGO DE DAÑOS HUMANOS ANTE SITUACION DE EMERGENCIA, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LAS ACCIONES VANDALICAS EN EL PAÍS.
Las acciones vandálicas realizadas por grupos delincuenciales en la población, instituciones de gobierno, así como en la infraestructura pública y privada, impactan directamente en las personas, familias y comunidades, pero también están creando condiciones que incrementan el riesgo que se produzcan a corto y mediano plazo daños humanos como resultado del deterioro de su capacidad de respuesta a situaciones multi amenaza.
Los factores que condicionan esos riesgos ya están presentes en las ciudades que están siendo asediadas, manifestándose de forma diferenciada en distintos sectores de la población, pero con mayor nitidez en los sectores más humildes que son los que en general resultan más seriamente golpeados en las emergencias y catástrofes.
INCREMENTO DE LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION AL IMPACTO DE FENÓMENOS NATURALES, BIOLOGICOS Y LOS QUE SE DERIVAN DE LAS ACCIONES HUMANAS.
• Las acciones vandálicas están limitando el acceso de las familias a productos de primera necesidad, incluyendo la merienda escolar de sus hijos porque no ha podido ser entregada en algunos departamentos por los tranques; esta situación tendrá un impacto negativo en la salud y nutrición de niños, ancianos y mujeres embarazadas, reduciendo su capacidad para enfrentar las emergencias.
• La destrucción de kilómetros de calles adoquinadas en varias ciudades, así como la obstrucción de los drenajes en el contexto de las lluvias han incrementado los charcos y la exposición de los más pobres a inundaciones de sus casas y centros comunitarios.
• Los destrozos en los sistemas de distribución de energía en varias ciudades incrementa el riesgo de accidentes fatales durante las lluvias y además porque esta situación no siempre es del conocimiento de la población.
• En 316 barrios, 17 comunidades, y 24 empresas de 31 municipios de 13 departamentos se acumula basura y hay limitaciones para su manejo adecuado hasta su destino final, lo que incrementa la proliferación de vectores y la exposición de la población a enfermedades trasmisibles, algunas letales como el dengue y la leptospirosis.
• Las agresiones con armas, morteros y otros artefactos de fabricación casera, o la quema de infraestructura cerca de sitios con materiales inflamables como gasolineras, restuarantes, comedores, distribuidoras de gas licuado, hospitales, furgones con materiales volátiles, no solo provocan heridos y muertos, sino que también han expuesto a centenares de personas al riesgo de explosiones de dimensiones incalculables como fue la quema del plantel del MTI en Sébaco, donde por suerte no explotaron los 50,000 galones de diesel que se encontraban próximos.
• El temor a la violencia limita en los barrios secuestrados por estos grupos (ejemplo barrios orientales de Managua que son muy vulnerables a las inundaciones), el funcionamiento de los sistemas de alerta comunitarios para activar a las familias ante una emergencia; la gente ha perdido la confianza de utilizar las rutas naturales de evacuación para ir a los sititos seguros, lo que en momentos de una emergencia puede dejar saldos negativos en la población.
REDUCCION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE RESPUESTA INSTITUCIONAL ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA.
• El temor a circular en determinados horarios, caminos, calles y carreteras condiciona que el personal calificado de las instituciones de primera respuesta tenga serias dificultades para llegar o salir de sus centros de operación. Tal es el caso del personal de hospitales, centros de salud, bomberos, etc.
• Los daños provocados en las instalaciones de 57 delegaciones de gobierno, de 33 alcaldías municipales, etc., ha conllevado la destrucción de sistemas de comunicación, documentación valiosa, vigilancia y alerta en municipios expuestos a diversas amenazas.
• La destrucción de más de 200 vehículos (incluyendo ambulancias), maquinaria de trabajo (camiones, volquetes), sistemas de radio y comunicación, más de 500 equipos de informática en las delegaciones de gobierno, alcaldías y otros organismos limita la capacidad de respuesta inmediata.
• El impacto que están teniendo las acciones vandálicas en el horario de funcionamiento del transporte colectivo, comercio, importadoras de bienes y productos, centros de producción manufactureros, bancos, etc., limita la disponibilidad de algunos insumos que son necesarios para atender y acompañar a familias y comunidades que puedan ser afectadas por emergencias.
REDUCCION DE LA EFECTIVIDAD DE LOS MECANISMOS DE ATENCION A LAS POBLACIONES AFECTADAS.
• La falta de libre movilidad por los 48 tranques en calles y carreteras está impactando negativamente en la posibilidad de atender eficaz y oportunamente a las personas, familias y comunidades afectadas por las emergencias lo que incrementa la probabilidad de la letalidad en los daños humanos. Esto ha ocurrido con pacientes que han sido detenidos en los tranques y no han llegado a los hospitales en el tiempo y la forma requerida para resolver sus problemas de salud.
• Estos grupos han obstaculizado el trabajo del Cuerpo Unificado de Bomberos para que no controlen algunos incendios y evitar su propagación lo que deja algunos saldos negativos; de hecho en este período, de 67 incendios que ocurrieron sólo pudieron atender 34, ya que a pesar que se presentaron para atender los otros 33, sus miembros fueron amenazados para que no los atendieran.
• La situación de violencia incide en que no se consiga articular todo el dispositivo inter institucional necesario (humano y técnico) para atender emergencias y lograr que la atención a las personas familias y comunidades afectadas sea eficaz y efectiva.
DERECHO CIUDADANO A PREPARARSE Y SER PROTEGIDO POR EL ESTADO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA.
La situación de violencia que vive el país atenta contra lo que establece la Constitución Política de Nicaragua en los Artículos 23, 25 y 26m en los que se señala que el derecho a la vida es inviolable e inherente a la persona humana, así como el derecho a la libertad individual, derecho a su seguridad, derecho a su vida privada y a la de su familia, a la inviolabilidad de su domicilio.
Al limitar la actuación y las capacidades de las instituciones se violenta el Derecho Internacional Humanitario (DIH), en el que se establece que cada uno de los estados es el garante de preservar el derecho a la vida de las personas en situaciones de conflictos con el objetivo de proteger a las personas respetando su integridad física y moral.
Por ello es importante recordar que el Derecho Internacional Humanitario (DIH), establece que se debe respetar las instancias que brinden la asistencia en el ámbito de salud, (ambulancias hospitales), respetándose los emblemas que cada una de estas instancias utilizan para salvaguardar la vida de los ciudadanos.
Con estas y otras referencias de nuestra Constitución y del derecho internacional, se organizó el Sistema Nacional para la Prevención Mitigación y Atención de Desastres, para que sea la instancia encargada de establecer los principios, normas, disposiciones e instrumentos generales necesarios para el funcionamiento de un sistema interinstitucional orientado a la reducción de riesgos por medio de actividades de prevención, mitigación y atención de desastres, sean éstos naturales o provocados.
El sistema Nacional para la Prevención Mitigación y atención de Desastres Naturales, en situaciones de emergencia y/o desastres, calamidades públicas, podrá adoptar las medidas y mecanismos para garantizar la seguridad y protección de la vida, bienes de los y las nicaragüenses.
Por ello, tomando en cuenta la instalación definitiva del período lluvioso y que la época de ciclones y huracanes oficialmente inició el día primero de Junio, se va a redoblar esfuerzos para desarrollar las acciones de organización, prevención, preparación y mitigación necesarias para reducir el impacto de estos fenómenos en el ámbito nacional con énfasis en las poblaciones de las regiones del Caribe que son las más vulnerables a estos fenómenos meteorológicos.
Managua, 01 de Junio del 2018.
CD-SINAPRED.