HONDURAS : La población urge verdadera protección social

Submitted bytortilla onMié, 17/05/2017 - 14:28

El Libertador, 17 de mayo 2017
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Según el docente universitario, Rafael Medina, el nerviosismo de los trabajadores con la Ley Marco de Protección Social es entendible ya que ésta no asegura una total garantía sobre su efectividad.

Medina además cuestionó que la normativa puede resultar demasiado cara para cumplir los objetivos fijados y que carece de transparencia en el manejo de recursos.    

Tegucigalpa. La falta de trasparencia en el manejo de recursos en el sistema de protección social es uno de los grandes problemas que afecta a los hondureños, según lo explico el docente de la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec), Rafael Medina.

Luego de un trabajo que realizó el Instituto de Investigación de Políticas Públicas (IIPP) de Unitec, el docente concluyó que los fondos de protección social están siendo manejados en el fideicomiso, lo que evita que la sociedad civil conozca a fondo las operaciones monetarias.         

En ese sentido, Medina explicó que “no hay informes al respecto” y que por ende no hay transparencia, algo que es de vital importancia para el futuro del país.

El docente dijo que una de las cosas que les interesaba exponer en el informe sobre la protección social, era sobre las fuentes de financiamiento “de dónde se consiguen los recursos del marco de la Ley de Protección Social”, cuestionó.      

El entrevistado añadió que aunque no se ofrece una solución al tema, se explica que es necesario discutir acerca de esta normativa que entro en vigencia en septiembre del 2015.

Según Medina esta urgencia se debe a que aunque la Ley Marco de Protección Social ofrece un modelo, ésta no agota la discusión sobre el tema.

Medina agregó que el informe trata de responder a la pregunta “¿Cuánto tendrá que gastar el Estado?”; no obstante, en su discusión pública surgieron nuevas interrogantes en cuanto al gasto que harán los trabajadores y la empresa privada.      

“Lo que vemos es que la ley tiene un costo bien alto y será mucho más alto a medida que queramos cumplir con exactitud los objetivos trazados en la visión de país”, argumentó el entrevistado.  

Asimismo, aseveró que el que tenga costos altos “no es culpa de nadie, pero queremos advertir que para cumplir las metas con recursos tan escasos es necesario hablar y entender mejor el problema”.

En cuanto a un mejoramiento de condiciones de la ley, el docente ve factible una reforma ya que el informe destaca la urgencia del diálogo entre todas las partes ya que destacó que la ley misma no es suficiente.      

Por otro lado, refirió que el temor de los trabajadores y sociedad en general se debe precisamente a la falta de diálogo y que se ha buscado imitar modelos como el de Colombia y Chile; no obstante, Medina mencionó que en esos países hubo una fuerte crítica sobre la falta de garantía total.

“Los trabajadores tienen razón en tener nervios cierto a varios respectos, si acaso el gobierno y la empresa privada tienen otro pensamiento bueno lo que queremos es dialogar” Sentenció.

En cuanto al desfalcó del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), refirió que aunque no fue su zona de trabajo, como muchos hondureños forma parte de ese grupo de ciudadanos disgustados.

Y sobre la vinculación del gobernante Partido Nacional en el histórico acto de corrupción, mencionó que no acusaría a ese instituto político, pero que si recomendó una investigación a fondo y castigar a los culpables.     

Sobre el caso del IHSS, lamentó que la aplicación de la ley está yendo demasiado lenta y que de momento las autoridades solo han capturado  a varios “gatos”, pero que aún quedan a deber con los “cerebros”.  

La Ley Marco de Protección Social asegura al menos el 50 por ciento de las prestaciones del IHSS; no obstante, varias organizaciones populares han manifestado un descontento con la normativa e incluso se han presentado recursos de inconstitucionalidad.

A pocos días de entrar en vigencia, el Colegio Médico de Honduras fue una de las instituciones que presentó un recurso ante la Sala de lo Constitucional del Poder Judicial, alegando la privatización del Sistema de Salud.