Stephen Sefton, Tortilla con Sal, 11 de agosto 2018
Es una paradoja cada vez más amarga en América Latina y el Caribe que programas para promover el fortalecimiento institucional, la democracia y la lucha contra la corrupción, han sido cooptado para lograr precisamente lo contrario. Durante décadas ahora, la cooperación para el desarrollo de los países occidentales se ha dedicado a empujar el desarrollo institucional en la región hacia los modelos moldeados por los imperativos del capitalismo corporativo norteamericano y europeo. Son solamente los países del ALBA, principalmente Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela que han intentado desarrollar sus instituciones en base a la soberanía y la independencia con sus propias características culturales y sociales en defensa de los intereses de sus mayorías.
Entre estos países del ALBA, ahora Ecuador ha caído en el mismo patrón de la deliberada, espuria criminalización de las figuras políticas de izquierda que ha surgido en los demás países de América Latina. Este fenómeno es una estrategia largamente elaborada de parte de las élites estadounidenses y sus aliados locales para revertir los procesos regionales de emancipación que les han quitado a las élites su acostumbrado poder, influencia y control. Es relevante notar que el gobierno de Estados Unidos dirige la modalidad de intervención por medio de la criminalización de la política para controlar tanto la política nacional de la derecha como de la izquierda.
Por haber frustrado ese tipo de intervención, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela enfrentan las modalidades de intervención ya muy conocidas, por ejemplo, la guerra psicológica de la agresión mediática, las sanciones económicas o financieras, los bloqueos comerciales, la provocación de la violencia interna, las ofensivas diplomáticas, y las abiertas amenazas militares. En cambio, la modalidad de la intervención por medio de la judicialización de la política es claramente un sistema de control neocolonial para impedir la formación o continuación en el gobierno de administraciones anti-imperialistas. También garantiza un aparato punitivo contra cualquier expresión política de independencia y soberanía, sea de la izquierda o de la derecha.
Para nada es demás observar que la judicialización de la política solo funciona con una anterior politización neocolonial de la justicia. Porque, para que este sistema de control neocolonial funciona, es necesario asegurar la lealtad política no solamente de las y los jueces, sino también la de las y los funcionarios del Ministerio Público y de los sectores relevantes de la policía. Por ese motivo, es falso y absurdo proponer en este contexto que pueda existir en un sentido válido la “separación de los poderes” del Estado – Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral - tan hipócritamente promovido por los gobiernos norteamericanos y europeos para defender la cínica manipulación de la justicia por sus aliados locales.
Desde 1990. los gobiernos norteamericanos y europeos han invertido miles de millones de dólares en América Latina y el Caribe para cooptar el sector no gubernamental, especialmente de los derechos humanos, y asegurar una politización de corte neocolonial del sistema judicial y del sistema de investigación penal. Estos enormes cantidades de dinero se han invertido en programas de cooperación para el desarrollo en concepto de “promoción de los derechos humanos”, “la buena gobernanza”, “desarrollo de la sociedad civil”, “fortalecimiento de la democracia”, “capacitación judicial”, “modernización” del sistema de justicia penal y entrenamiento policial.
Por ejemplo en Nicaragua, solo el gobierno estadounidense y sus organizaciones no gubernamentales satélites han invertido entre US$30 y US$40 millones al año en estos tipos de programas durante más de veinte años, sin incluir los aportes similares de los gobiernos europeos y sus ONGs asociadas. Si se multiplica ese inversión por todo lo invertido durante el mismo período en los demás países de América Latin y el Caribe queda obvio que se trata de una deliberada política neocolonial para formar y subordinar los sistemas de justicia del continente a las necesidades políticas y económicas de las élites occidentales. Los frutos de esta política se han visto desde 2011 en el despliegue de nuevas doctrinas legales desarrolladas dentro del marco de las instituciones de justicia, pero muchas veces en contradicción de las normas constitucionales nacionales.
Otro aspecto importante que ha facilitado el desarrollo de estas nuevas doctrinas legales ha sido la creación de una cultura generalizada de entretenimiento e información basada en la post-verdad que desecha la verdad y la realidad de las cosas y de los acontecimientos a favor de priorizar las percepciones y las opiniones. Así que, los medios de comunicación concentrados en manos de las oligarquías funcionan en efecto como una arma de un Ministerio Público corrompido con fines políticos. Alimentados por cínicas filtraciones oportunas, crean una matriz de la percepción y la opinión que recompensa en las sentencias judiciales la completa ausencia de las más mínimas pruebas verídicas. Las sospechas se interpretan como razonables y la evidencia del mundo real ya no importa. Así fha sido en los casos de Jorge Glas y Rafael Correa en Ecuador, Lula da Silva en Brasil, de Milagro Silva en Argentina y ahora, también en Argentina, el ex Vice Presidente Amado Boudo.
Dentro de este contexto político, mediático y jurídico se han cobrado una importancia mayúscula dos antiguas técnicas de intimidación legal, la acusación de conspiración ilícita y la prisión preventiva, ahora vestidas con un barniz de modernidad. Estas dos modalidades de represión legal se han usado durante siglos para hostigar e intimidar toda actividad política que desafía el control de las élites. Su uso se desarrollaba de manera sistemática en Europa durante el Siglo 19 para controlar y reprimir la protesta popular y la organización sindical. Ahora aparecen nuevamente con ropaje neoliberal. En Argentina, se han usado para atacar a la ex-Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner y antiguos miembros de su gabinete de gobierno. En Brasil se han usado para controlar a políticos que se oponen de una u otra manera a los intereses económicos de las grandes corporaciones estadounidenses y de sus aliados locales.
La acusación de conspiración ilícita se ha usado siempre para conjurar procesos legales de la nada contra sus víctimas. En el contexto de la nueva doctrina legal derivado de la politización neocolonial de la justicia, no importa si no hay evidencia, la mera acusación es suficiente para enredar a la presa en un proceso legal de muchos años. En la práctica, se hace una serie de acusaciones para provocar el máximo estrés y desgaste. En Argentina, por ejemplo, Cristina Fernández está sujeto a varias acusaciones, desde enriquecimiento ilícito hasta “traición a la Patria”. El objetivo es doble. Por un lado, la persona acusada se ve forzado a dedicar una gran cantidad de tiempo y recursos a defenderse y, por otro lado, se siembra la duda y la sospecha en la opinión pública, donde la concentración de los medios en el poder de la derecha multiplica el efecto de estrés y desgaste.
El papel de la prisión preventiva, la herramienta represiva gemela de las acusaciones de conspiración ilícita, también tiene un doble propósito. Permite a las autoridades, a cambio de la libertad u otras concesiones de parte de las autoridades, a extorsionar directamente a su presa principal o a presionar otras personas vulnerables por medio del chantaje a dar testimonio inculpatorio. Segundo, la prisión preventiva refuerza la matriz de la opinión pública contra la persona acusada. Estos dos aspectos de la prisión preventiva han sido de gran importancia en el caso de la falsa acusación contra Lula da Silva en Brasil, dónde las autoridades judiciales han aprovechado el contexto de la nueva doctrina legal al máximo, primero para extorsionar testimonio falso para confeccionar una sentencia sin ninguna prueba material y, luego, para confirmar esa sentencia de manera sumamente desleal en la segunda instancia de apelación.
El abuso de la justicia en base a las nuevas modalidades de doctrina legal neocolonial en América Latina ha llegado a tal extremo que traspasa las fronteras de los estados nacionales y las normas establecidas del derecho internacional. El caso más extremo de este fenómeno ha sido la anuencia de la Organización de Estados Americanos y el gobierno estadounidense a promover una espuria entidad paralela al Tribunal Suprema de Justicia de Venezuela. Aunque sea para el momento un ensayo provisional, la intención es clara. En vez de ocupar una parte del territorio nacional, declararla liberada y así invocar la intervención militar, con esta nueva doctrina se ocupa una institucionalidad virtual para condenar a las autoridades elegidos legítimamente e invocar la intervención de las instancias policiales y judiciales a nivel internacional como Interpol o la Corte Internacional Penal. En el caso de Venezuela, desde Bogotá la espuria estructura paralela al Tribunal Suprema de Justicia venezolana ha tenido la osadía de emitir una orden de captura contra el Presidente Nicolás Maduro.
Es en este contexto regional que ocurre la visita a Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y avanza el proceso de intercambio con la Organización de Estados Americanos sobre el tema de la democratización. Las dos cosas son positivas en la medida en que permiten al gobierno de Nicaragua demostrar su compromiso con la Paz y la Justicia y desarmar las grotescas acusaciones de la oposición de derecha en el país de ser víctimas de represión. La desventaja de tratar con el CIDH y la OEA es que su actuar, basado en el derecho internacional, se dirige hacia los gobiernos y no es apto para tratar los abusos sistemáticos de grupos y organizaciones opositores no gubernamentales.
Esta realidad se ha demostrado categóricamente en el caso del terrorismo golpista en Nicaragua. Solo se requiere una leve gira de su actuación de parte de la OEA para adaptar los siniestros propósitos de la nueva doctrina legal neocolonial a la situación en Nicaragua y así profundizar la desestabilización de la institucionalidad del país. La actuación ilegal del Consejo Permanente de la OEA para formar un Grupo de Trabajo sobre Nicaragua acompaña simultáneamente la siniestra actuación de la CIDH en solidaridad con el terrorismo golpista en Nicaragua. Las dos cosas son señales inequívocos de la complicidad de la OEA en el plan de cambio de régimen que la élite estadounidense y sus aliados han puesto en marcha para Nicaragua.