Jorge Capelán, 12 de agosto 2018
Es una falsedad creer que en una democracia todas las opiniones valen lo mismo y que cualquier cosa que se diga no pasa de ser una mera expresión sin consecuencias directas sobre la práctica social. La libertad de expresión de la ciudadanía debe defenderse contra aquellos que buscan destruir las bases de la democracia, cualquier otra actitud no hace sino ayudar a los fascistas que buscan poner fuera de juego el principio de que los votos de todos los ciudadanos valen lo mismo.
La semana pasada se armó un gran alboroto por la decisión de la dirección del Estadio Nacional de Béisbol "Dénis Martínez" y de la Alcaldía de Managua de negar la entrada a los comentaristas deportivos Yader Valle, de Radio Corporación y Miguel Mendoza, de Radio La Primerísima. La decisión se basa en que en su calidad de comunicadores ambos cronistas durante el fracasado intento de golpe de Estado entre abril y julio pasados promovieron el odio e incitaron a la destrucción de las instalaciones del Estadio.
Ambos cronistas, sus medios y muchos de los defensores del fallido "golpe suave" contra el Gobierno Sandinista alegan que la decisión es arbitraria y que viola tanto el derecho al trabajo de Mendoza y Valle como su libertad de expresión. Llama la atención que voces que se presentan como sandinistas desde el programa A los Cuatro Vientos de Radio La Primerísima también critiquen la decisión del Estadio y la Alcaldía con el mismo tipo de argumentación.
Esta argumentación está totalmente viciada desde el principio por una sencilla razón: Ni Valle ni Mendoza jamás han tomado distancia de la violencia fascista que apoyaron y que durante tres meses intentó acabar, no solo con el gobierno del Presidente Daniel Ortega Saavedra, sino con la vida de millones de sandinistas que habitamos este país. En el caso de ambos cronistas, ellos fueron partícipes de la campaña de odio con la que se azuzó a grupos vandálicos para que destruyeran el Estadio Nacional el pasado 30 de mayo.
El papel jugado por periodistas como Miguel Mendoza y Yader Valle, y por medios como la Radio Corporación, La Prensa, 100% Noticias, Radio Darío en León y otros es similar al jugado por medios como la Radio de las Mil Colinas en Ruanda, que en la primavera de 1994 con su propaganda política propició la matanza entre pobladores de las etnias hutu y tutsi, hecho por el que los responsables de la emisora fueron juzgados en el año 2003 por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La diferencia entre Ruanda y Nicaragua fue que en nuestro país hay instituciones lo suficientemente sólidas como para impedir un holocausto como aquel en el que en apenas 100 días perdieron la vida 800 mil personas.
Sin embargo, a pesar de la solidez de sus instituciones, en Nicaragua no hay libertad de expresión sino impunidad para la agresión y la mentira. Esa impunidad diariamente ejercida desde los medios de la derecha ha fortalecido todo el tiempo la agenda de los que quieren que la política del país no se dirima en las urnas sino a los balazos y por medio del terror criminal.
Si se pretende hablar de una reconciliación, ésta debe basarse en la justicia y en la toma de distancia de los métodos fascistas de alcanzar el poder, que no son otros que los de la destrucción de la democracia. No se puede promover una alternativa política utilizando demagógicamente el mejor disfráz ideológico que venga a la mano, llamando "sapos" a grandes grupos de la población y festejando su aniquilación. Tampoco destruyendo bienes públicos que solo sirven al pueblo.
Si podemos hacer algún paralelo válido entre la guerra de los años 80 y el fracasado golpe "blando" de abril-julio de este año debería ser que mientras la guerra de los 80s se saldó dentro y no fuera del marco institucional de la Constitución nacida de la revolución del 19 de julio de 1979, la crisis planteada por el "golpe suave" debe saldarse dentro y no fuera del respeto a las normas de convivencia democrática salidas de ese marco institucional. Esa sí sería una solución de la crisis que apunte hacia el futuro.
No puede haber "borrón y cuenta nueva" porque esto no sería otra cosa que una concesión fatal al fascismo y llevaría a que todo lo avanzado por Nicaragua en términos de construcción nacional de 1979 a la fecha pudiera ser erosionado y destruído por una derecha política corrupta y antinacional. Al cabo de pocos años, le estaríamos regalando el país a los intereses de la antipolítica y del crimen organizado.
Cualquier proyecto político de izquierda o de derecha cabe en la democracia nicaragüense siempre y cuando respete el principio de "cada ciudadano o ciudadana, un voto", respete a las instituciones democráticas y rechace la violencia y la ley del más fuerte.
Si los golpistas de nuevo quieren participar en política, deberían primero pagar por sus crímenes y sobre todo reconocer ante el pueblo lo errado de su apuesta fascista.