Stephen Sefton, Tortilla con Sal, 18 de noviembre 2018
El sádico timo perdurable de los ideólogos del liberalismo occidental es fingir que el alto desarrollo pseudo-democrático de sus naciones no se lograba de la manera más cruel a coste del mundo mayoritario por medio de la conquista, el genocidio y la esclavitud. Una referencia a mano del cinismo liberal en el Occidente ha sido el destino del Derecho al Desarrollo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas hace 32 dos años en diciembre 1986, y todavía encerrado en un limbo ideológico interminable. Muchas razones explican su actual estatus fantasmal, una aparición permanente en la jurisprudencia internacional de los derechos humanos, que nunca ve la luz del día como un cuerpo legal por sí mismo.
El Derecho al Desarrollo defiende el principio de la autodeterminación de los pueblos. De manera explícita prioriza la persona humana. Requiere la intervención decidida de las políticas del Estado. Sus deberes son vinculantes para todas las personas de las cuales las acciones u omisiones afecten los derechos humanos.
Es evidente que solamente estas características principales lo hacen radicalmente inaceptable para las élites liberales y corporativos del Occidente.
Porque defender la autodeterminación neutraliza el quehacer rutinario imperialista de alentar a las y los opositores minoritarios locales a llamar por la intervención extranjera en los asuntos internos de sus países. Priorizar las necesidades y aspiraciones de la persona human es un reto abierto al impulso capitalista hacia la ganancia a cualquier costo. Reconocer el papel fundamental de las políticas del Estado contradice el imperativo neoliberal de minimizar el rol del gobierno y eliminar el sector público. Insistir que todos los sectores de la sociedad son obligados a promover los derechos humanos niega la clásica interpretación liberal que solamente los Estados pueden violar los derechos humanos para así privilegiar a los derechos civiles y políticos y hacer menos relevantes los derechos sociales y económicos.
Precisamente porque el Derecho al Desarrollo es fundamental a un orden internacional verdaderamente democrático, las élites imperiales occidentales lo ha mantenido con soporte vital artificial durante más de 30 años por medio de sus gobiernos y la industria de las organizaciones no gubernamentales de que son dueñas.
No lo dejan morir, pero lo dejan sobrevivir solamente en un estado vegetal. Actualmente, muchas de sus elementos existen de alguna u otra forma en los diversos instrumentos internacionales que rigen en la materia de los derechos humanos. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los países no cumplen con esas normas. Por ejemplo, los países ricos no cumplen con la norma, vigente desde 1970, de aplicar el 0.7% de su ingreso nacional a la cooperación internacional para el desarrollo. Por otro lado, los países empobrecidos no cumplen, principalmente por motivo de la prolongada crisis económica global.
Al ser reconocido plenamente, las provisiones del Derecho al Desarrollo llegarán a ser justiciables por medio del derecho internacional, lo que abriría nuevas perspectivas para el mundo mayoritario a revindicar la justicia contra sus torturadores entre los países ricos y las élites corporativas que los controlan. Pero el Derecho al Desarrollo nunca llegará a formar parte del derecho internacional establecido mientras las élites corporativos occidentales controlan las Naciones Unidas por medio de su industria no gubernamental, un control que escritores como Cory Morningstar han documentado de manera exhaustiva. Tanto para América Latina como para la África, el tema es lejos de ser algo de interés meramente académico.
Al contrario, para Cuba, Venezuela y Nicaragua los argumentos alrededor del Derecho al Desarrollo han sido urgentemente relevante desde hace mucho tiempo. En Nicaragua ahora, el gobierno está impulsando un desafío muy importante al monopolio ideológico liberal de los derechos humanos. Este monopolio ha permitido a la ONU y la Organización de Estados Americanos a ignorar gravísimos violaciones de los derechos humanos por la oposición fascista en Venezuela y en Nicaragua, apoyados en ambos casos por las autoridades estadounidenses y europeos.
En un reto radical al concepto liberal de los derechos humanos, durante estas últimas semanas las autoridades en Nicaragua han promovido una consulta nacional sobre una propuesta para promover una cultura nacional de paz y reconciliación que incorpora de una manera vigente e impresionante el espíritu de la Declaración del Derecho al Desarrollo de 1986. La política propuesta defiende la autodeterminación y manda la promoción de una cultura de la paz y la no-violencia para facilitar la igualdad y la unidad entre la diversidad, lo cual es una precondición fundamental para cualquier proceso de desarrollo que prioriza a la persona humana.
El proceso es una respuesta prudente y cuidadosa a la virulenta y mentirosa campaña de odio de parte de la oposición minoritaria en Nicaragua no solamente contra el gobierno del Presidente Daniel Ortega sino contra todos los más de dos millones de Sandinistas en el país. De manera implícita, la iniciativa es un reto también a la burocracía liberal y neoliebral de a ONU, llamando en cuestión especialmente la descaradamente sesgado prejuicio centro-derecha de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Tanto Venezuela como Nicaragua han rechazado las groseramente sesgadas, poco profesionales intervenciones de la OACDH en sus asuntos internos, que deliberadamente ha encubierto la bárbara violencia asesina de la oposición derechista en sus países.
En 2017, el Canciller venezolano Jorge Arreaza notó que la OACDH encubrió la violencia opositora en Venezuela y recordó que "Más de 829 funcionarios de los cuerpos de seguridad lesionados, incluidos 73 heridos por arma de fuego y 913 ataques contra hospitales, escuelas, centros de distribución de alimentos y demás organismos encargados de la garantía de los derechos humanos. Incluso una organización no gubernamental con estatus consultivo fue atacada en diversas ocasiones por los grupos violentos."
La experiencia de Nicaragua fue idéntica. Allí, la OACDH encubrió violencia opositora que asesinó a 22 policías e hirió a 400 más, además de provocar la muerte a 200 personas entre simpatizantes sandinistas y otras personas sin afiliación política.
En una entrevista reciente, el diputado a la Asamblea Nacional de Nicaragua, Carlos Emilio López, especialista en la materia de los derechos humanos, comentó, "En 1993 en la aprobación de la Declaración de Derechos Humanos de Viena, se reconceptualizó el tema del respeto a los derechos humanos. Por muchos años se consideró que solamente los Estados debían de respetar los derechos humanos. Pero esa concepción ya está desfasada. La reconceptualización de los derechos humanos es que los Estados deben de respetar los derechos humanos, pero también deben de hacerlo las empresas, las iglesias, las organizaciones sociales, los oligopolios, los medios de comunicación, las personas a nivel particular. Es decir todos estamos obligados a respetar los derechos humanos, no solamente las instituciones estatales."
No es un accidente que el diputado López insiste en este punto que se deriva directamente de la Declaración del Derecho al Desarrollo, ya que, en ese mismo año de 1986, la Corte Internacional de Justicia condenó al gobierno de los Estados Unidos de Norte América por fomentar una guerra terrorista contra Nicaragua. Igual que la Declaración del Derecho al Desarrollo, esa sentencia también ha sido letra muerta desde su emisión. En verdad, los organismos internacionales colaboran con el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados cuando infligen su terrorismo, o directamente de parte del Estado o por intermediarios y apoderados como lo han hecho de la manera más cínica en Palestina, Afganistán, Irak, Irán, Libia, Siria y Yemen.
En América Latina, los blancos obvios durante muchos años han sido Cuba, Nicaragua y Venezuela además de Haití antes del golpe de estado exitoso de 2004 y su subsiguiente brutal ocupación por fuerzas de la ONU .
Desde 1986, la práctica de la ONU ha ofuscado de manera persistente el profundo cambio de enfoque originalmente anunciado por al Declaración del Derecho al Desarrollo. Encargado de implementarlo, la burocracia de la ONU, dominado por la influencia de las élites corporativas occidentales, ha coludido constantemente para estorbarlo.
En sus apuntes en inglés sobre el tema, la OACDH nota de manera hipócrita que la dificultad principal ha sido la persistencia de “violaciones de derechos humanos, el racismo, el colonialismo, la ocupación y la agresión” cuando, en los casos de Venezuela y Nicaragua, en efecto la misma OACDH, al rechazar e ignorar la información verídica de los acontecimientos presentada por los gobiernos, ha colaborado en la agresión terrorista de la derecha opositora, organizada, financiada y capacitada por las autoridades estadounidenses y sus aliados.
En cambio, la OACDH omite precisamente su propio sesgo y prejuicio y trata las ONGs financiadas desde Norte América y Eruopa como la única válida "sociedad civil" mientras excluye, además de la opinión oficial de los gobiernos, las voces y opiniones de los sindicatos nacionales, de las cooperativas, y demás organizaciones populares mayoritarias que son verdaderamente representativas en comparación con el minúsculo sector no gubernamental.
Por otro lado, en relación al Derecho al Desarrollo, la OACDH gestiona de la manera más inútil para armonizar los intereses corporativos con los derechos sociales y económicos de la persona humana o con los derechos ambientales. Un ejemplo obvio es el abuso del tema de los derechos de la propiedad intelectual o las protecciones para inversionistas corporativas por las élites neoliberales por medio de los tratados de libre comercio anti-democráticos y anti-humanitarios, impuestos a la fuerza por medio de la extorsión económica con mínimo o cero consulta popular.
El Derecho al Desarrollo nunca llegará a ser realidad con defensores de tan mala fe como las y los burócratas acomodados de la ONU. Fue por ese motivo, entre otros, que el padre Miguel d'Escoto en 2010 dijo "Naciones Unidas es fraude, mentira y dictadura” y llamó por una radical reforma del organismo como un tema de suma urgencia.