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onJue, 31/01/2019 - 14:38
Alain Valdés Sierra *, Prensa Latina, 31 de enero 2019
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=249254&SEO=nicaragua-la-…
Managua (PL). La Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act) firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a finales de 2018, constituye un paso más en la política de Washington por cercar a la nación centroamericana.
Mucho se habla sobre la Nica Act, en qué consiste, y cuáles serían sus efectos en la vida política, económica y social de Nicaragua, país que en cuestión de meses ha visto recrudecerse la campaña desestabilizadora financiada y dirigida por Estados Unidos.
El proyecto se movía en el ambiente legislativo estadounidense desde 2016, cuando la presentaron los congresistas Albio Sires (demócrata) e Ileana Ros-Lehtinen (republicana), archiconocida enemiga de todo lo que sean procesos de beneficios a las mayorías.
A mediados de 2018 el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley, el Senado hizo lo mismo a finales de noviembre, no sin antes hacerle algunas enmiendas al documento.
Finalmente el Congreso dio el visto bueno y el presidente Trump firmó la Nica Act, una ley que otorga al gobierno de Estados Unidos el derecho a vetar los préstamos que instituciones financieras internacionales proporcionen a Nicaragua para el desarrollo del país en los diferentes ámbitos.
Al bloquear préstamos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, se ponen en riesgo una serie de planes de avance social que el gobierno sandinista lleva adelante con financiamiento externo. El verdadero gran afectado será la inmensa mayoría del pueblo de Nicaragua, que desde el retorno al poder del sandinismo en 2007 vive un desarrollo sostenido reconocido por organismos internacionales, los cuales fijan el crecimiento del Producto Interno Bruto de Nicaragua a un promedio del cinco por ciento anual hasta el término de 2017.
Para 2018 se esperaba igual comportamiento de este indicador macroeconómico, pero el intento de golpe de Estado y otras acciones desestabilizadoras y violentas ocasionaron al país pérdidas superiores a los mil millones de dólares.
La Nica Act ha sido denunciada en más de una ocasión por el presidente Daniel Ortega y otras figuras de su gobierno.
También la mayoría de los sectores de la sociedad nicaragüense condenan a esta ley como un acto de injerencia en los asuntos nacionales y una forma de dañar a una economía que contra todo pronóstico se recupera.
El objetivo es sin dudas terminar con el buen desenvolvimiento económico logrado por el país durante la gestión sandinista y el alcance de sus políticas sociales.
Dichos logros son reconocidos en materia de salud, educación, creación de infraestructuras, puestos de trabajo, reducción de la pobreza, apoyo a emprendedores locales, construcción de viviendas y seguridad ciudadana, entre otros renglones.
Esto es solo un engranaje más de una maquinaria mucho mayor, que ahora incluye en su plan de acción a la Organización de Estados Americanos, la cual más allá de toda razón busca aplicar a Nicaragua el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.
Mientras, esta nación centroamericana trabaja por consolidar la paz y la reconciliación entre sus ciudadanos, y continúa impulsando sus ambiciosas políticas de desarrollo económico y social.
El proyecto se movía en el ambiente legislativo estadounidense desde 2016, cuando la presentaron los congresistas Albio Sires (demócrata) e Ileana Ros-Lehtinen (republicana), archiconocida enemiga de todo lo que sean procesos de beneficios a las mayorías.
A mediados de 2018 el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley, el Senado hizo lo mismo a finales de noviembre, no sin antes hacerle algunas enmiendas al documento.
Finalmente el Congreso dio el visto bueno y el presidente Trump firmó la Nica Act, una ley que otorga al gobierno de Estados Unidos el derecho a vetar los préstamos que instituciones financieras internacionales proporcionen a Nicaragua para el desarrollo del país en los diferentes ámbitos.
Al bloquear préstamos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, se ponen en riesgo una serie de planes de avance social que el gobierno sandinista lleva adelante con financiamiento externo. El verdadero gran afectado será la inmensa mayoría del pueblo de Nicaragua, que desde el retorno al poder del sandinismo en 2007 vive un desarrollo sostenido reconocido por organismos internacionales, los cuales fijan el crecimiento del Producto Interno Bruto de Nicaragua a un promedio del cinco por ciento anual hasta el término de 2017.
Para 2018 se esperaba igual comportamiento de este indicador macroeconómico, pero el intento de golpe de Estado y otras acciones desestabilizadoras y violentas ocasionaron al país pérdidas superiores a los mil millones de dólares.
La Nica Act ha sido denunciada en más de una ocasión por el presidente Daniel Ortega y otras figuras de su gobierno.
También la mayoría de los sectores de la sociedad nicaragüense condenan a esta ley como un acto de injerencia en los asuntos nacionales y una forma de dañar a una economía que contra todo pronóstico se recupera.
El objetivo es sin dudas terminar con el buen desenvolvimiento económico logrado por el país durante la gestión sandinista y el alcance de sus políticas sociales.
Dichos logros son reconocidos en materia de salud, educación, creación de infraestructuras, puestos de trabajo, reducción de la pobreza, apoyo a emprendedores locales, construcción de viviendas y seguridad ciudadana, entre otros renglones.
Esto es solo un engranaje más de una maquinaria mucho mayor, que ahora incluye en su plan de acción a la Organización de Estados Americanos, la cual más allá de toda razón busca aplicar a Nicaragua el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.
Mientras, esta nación centroamericana trabaja por consolidar la paz y la reconciliación entre sus ciudadanos, y continúa impulsando sus ambiciosas políticas de desarrollo económico y social.
*Corresponsal de Prensa Latina en Nicaragua.