Consuelo Sandoval, 14 de marzo 2019
Entonces, ¿Por qué el gobierno no llama a negociar a los obispos en calidad de opositores y excluye a sus intermediarios?
En la mesa de negociación, tanto el gobierno del Presidente Daniel Ortega como la delegación de la Alianza Cívica (AC), coincidieron en incluir en agenda el punto de la aplicación de la justicia a todos los culpables de los hechos acaecidos durante el intento de golpe de estado.
Contradictoriamente la AC condicionó su permanencia en la negociación a la libertad de los delincuentes que participaron activamente en secuestros, torturas, asesinatos desapariciones, heridos, lesionados, asaltos, robos, saqueos, vandalismo, quema y destrucción de bienes públicos y privados.
Es decir, la “oposición” nicaragüense está planteando total impunidad para todos los criminales participantes de los sucesos violentos que se extendieron por tres meses.
El abrupto e inexplicable retiro de las negociaciones de la AC aconteció inmediatamente después que la Conferencia Episcopal anunciara que no participaría de la negociación en calidad de testigo.
Todo hace indicar que la Jerarquía Católica pretendía obtener exclusividad y el mismo protagonismo de mediador y acompañante que tuvo en el fracasado diálogo nacional y que notoriamente se encargaron de torpedear por razones políticas.
Zorros del mismo piñal
Esa actuación de la delegación de la oposición dejó más que claro la estrecha conexión entre la Alianza Cívica y la Conferencia Episcopal, principalmente porque fue el obispo Silvio Báez, quién confesó que el liderazgo de la iglesia católica fue la creadora de esa coalición política y de la instalación de los tranques de la muerte.
Báez realizó esa confesión en un encuentro con supuestos líderes campesinos, grabado por personas que estuvieron en el mismo y cuyo audio fue revelado por la Comunidad Cristiana San Juan Pablo Apóstol de la Colonia 14 de Septiembre en octubre pasado. Báez jamás desmintió los señalamientos.
Entonces, si la Jerarquía Católica fue la que dio a luz a ese parto político siniestro llamado Alianza Cívica, sería más honesto y productivo que sean los obispos los que se sienten a negociar con el gobierno, en calidad de opositores y no de mediadores, garantes, testigos o acompañantes.
El gobierno de Nicaragua ha demostrado madurez, tenacidad, fortaleza y un interés genuino de negociar una salida pacífica a la actual situación del país en la que sumergieron los golpistas de la ultraderecha extremista agrupados en el Cosep, ONG y Conferencia Episcopal.
La actuación gubernamental contrasta con la de su contraparte, pues la exigencia de la oposición constituye una soberana irresponsabilidad, pues aunque el gobierno aceptara su chantaje, se estaría colocando una chispa para encender la mecha de una guerra civil, debido a que los familiares de las víctimas de los tranqueros se sentirían traicionados y no les quedaría más alternativa que ejecutar actos de venganza y hacer justicia con sus propias manos.
No obstante, tengo la absoluta certeza de la responsabilidad del Presidente Daniel Ortega, quién jamás traicionaría la sangre derramada por las personas inocentes asesinadas en los tranques de la muerte y tampoco el dolor y las lágrimas derramadas por sus deudos, quienes albergan la esperanza que la muerte de sus seres queridos no quedarán en la impunidad.
Danza Macabra
¿Qué hubiese pasado si los papeles se invirtieran y las víctimas fueran los que actualmente guardan prisión por matar por odio y revanchismo político a sandinistas, policías y personas inocentes?.
¿La Alianza Cívica y el Cosep estarían pidiendo libertad para los “presos políticos”?
Cómo pueden exigir libertad para individuos siniestros y malvados que cegados por el del odio y la venganza no sólo secuestraron, torturaron y mataron a sus víctimas; sino que quemaron sus restos y llegaron al colmo de celebrar y filmar su macabra hazaña como si se tratara de una escena de una película de terror.
Reparación para familiares
Si ambas partes en la negociación desean realmente que se haga justicia en nuestro país, tiene que aplicarse por parejo y no importa a qué partido o agrupación política, cívica o religiosa pertenezca los autores intelectuales o material de esos crímenes o los cargos que ostenten. Deben pagar por los delitos que cometieron.
Incluso, varios de los integrantes de la delegación de la Alianza Cívica designados en la mesa de negociación, deberían ser enjuiciados y encarcelados porque son autores intelectuales y financistas de los tranqueros.
Esa justicia que tanto demanda la derecha extremista para sus mareros, también la reclaman las madres, viudas, hermanas, hermanos, hijos, tíos, sobrinos, y parientes de las víctimas mortales, a quienes les arrebataron sus vidas a muchos en la plenitud de la juventud.
Posiblemente aplicando verdaderamente la justica a los asesinos seres queridos, les daría cierto grado de alivio y resignación ante la irreparable pérdida de sus seres queridos.