(Borrador)
NICARAGUA: “El PUEBLO PRESIDENTE”
(Un pueblo organizado, protagonista de su propia historia)
Managua, 26 de noviembre 2012
CONTENIDO
II.El Modelo del Poder Ciudadano 5
2.1.1La Reconciliación y la Unidad Nacional 6
2.3.1La Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA) 9
II.4.3Fortalecer capacidades 12
3.1Gabinetes del Poder Ciudadano 14
3.2Consejo de la Familia, Salud y Vida 15
3.4Gabinetes de Gobierno/ Inter institucionales 19
V.El PNDH: Espacio de Participación e Instrumento de Gestión 24
5.1Desarrollo Integral de la Costa Caribe 26
VI.Participación de la población en las principales Políticas Públicas y Programas 29
6.1Redistribución del ingreso y la riqueza 29
6.2Seguridad de la Propiedad 31
6.3 Educación universal, gratuita y de calidad 32
6.4Salud familiar y comunitaria 35
6.5Programa de Producción de Granos Básicos “Cristiano, Socialista y Solidario” (CRISSOL) 37
6.6Programa Productivo Alimentario (Bono Productivo Alimentario/Hambre Cero) 38
6.7Programa de Micro Crédito Usura Cero 39
6.9Política Nacional de Primera Infancia /Amor por los más Chiquitos y Chiquitas 42
6.10 Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE) 45
6.12Programa Casas para el Pueblo 48
El presente documento ha sido elaborado para dar respuesta a la solicitud que hiciera la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la participación de personas viviendo en condiciones de pobreza en las políticas y programas públicos.
Dado que para Nicaragua, el tema ha sido una prioridad, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha trascendido la implementación de acciones participativas aisladas y espontáneas y ha diseñado un Modelo Político, el Modelo del Poder Ciudadano, Cristiano, Socialista y Solidario, que le permita orientar la transformación, de manera ordenada y contundente, hacia la participación de todas y todos, incluyendo las personas viviendo en pobreza.
Es así que el 10 de enero de 2007 no sólo se cambió de gobierno, sino que también se inició un cambio de valores, actitudes, prioridades, estilo de gobernar, relaciones de poder y políticas.
A continuación se presenta una descripción del Modelo del Poder Ciudadano, Cristiano, Socialista y Solidario y un detalle de las principales políticas y programas participativos que le ha permitido a Nicaragua lograr mejores condiciones de vida para la población nicaragüense.
El Modelo del Poder Ciudadano, Cristiano, Socialista y Solidario, del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional tiene como finalidad la supervivencia y realización de los seres humanos; como objetivo transformaciones estructurales para superar la exclusión y liberar el potencial de desarrollo humano.
El Modelo del Poder Ciudadano se sustenta en los VALORES CRISTIANOS, IDEALES SOCIALISTAS Y PRÁCTICAS SOLIDARIAS. En el marco de estos valores es que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional dirige la transición hacia una sociedad, cuya principal finalidad es la realización de los seres humanos, así como la superación de la pobreza.
La tradición y las creencias del pueblo nicaragüense son de origen y naturaleza cristiana, una cultura cristiana, donde conviven en paz católicos y evangélicos. El Poder Ciudadano y el Gobierno y la ciudadanía en general, incorpora en el proyecto de nación, en el discurso y en la práctica cotidiana, la ética social del cristianismo, es decir, los valores de la reconciliación, el perdón, la solidaridad, la ternura, el amor al prójimo, el respeto a la diversidad de todo ser humano sin distingos y la opción por los pobres. De igual manera, se respeta y fomenta la libertad de culto establecida en la Constitución.
Los efectos de los regímenes excluyentes del siglo XIX y XX en la desintegración política, económica y social del país, van quedando superados con la reconciliación y la unidad nacional, mediante el respeto, la convivencia, reconciliación y la confianza social, económica y política. La reconciliación se basa en los intereses comunes y nacionales del pueblo de Nicaragua, que han conducido también a la reconciliación generacional, garantizando a la juventud el derecho y acceso efectivo al estudio, trabajo y diversión, y a la promoción y reconocimiento de la participación de la mujer en la sociedad nicaragüense, incluyendo en el liderazgo del país.
La reconciliación y la unidad nacional en el Modelo del Poder Ciudadano enfatiza en:
La reconciliación con la naturaleza y la defensa de la Madre Tierra;
La reconciliación con los sectores históricamente excluidos como las campesinas y campesinos, las artesanas y artesanos, los movimientos sociales, los movimientos cooperativos;
La reconciliación generacional, reivindicando el derecho de la juventud a la educación, la recreación y al rol político determinante para el cambio social;
La reconciliación con la mujer dignificando, visibilizando su rol como sujeta determinante en el cambio social y sujeta activa de derechos humanos por igual con el hombre, el rol protagónico político, económico, social, ambiental y cultural, con espacios ganados legítimamente desde siglos;
La reconciliación con los pueblos originarios y afro descendientes y el fortalecimiento del proceso autonómico;
La gran alianza trabajadores-productores y empresarios-gobierno.
La reconciliación y unidad nacional se hace tangible en las leyes sociales y económicas aprobadas por consenso en la Asamblea Nacional, en distintas materias tales como: créditos de los organismos financieros, seguridad y soberanía alimentaria, vivienda social, lenguajes de señas para personas con discapacidad, fondo para compra de tierras para mujeres rurales, trato digno y equitativo a pueblos indígenas y afro-descendientes, entre otros. La concertación tributaria para la recuperación de ingresos nacionales; la gran alianza con las empresas de la construcción para edificar viviendas sociales y solidarias; los procesos de pacificación de las agrupaciones juveniles impulsados por la Policía Nacional y los programas y proyectos sociales dirigidos a desmovilizados de la Resistencia y el Ejército, los cuales son impulsados por la Comisión de Verificación, Reconciliación, Paz y Justicia que preside el Cardenal Miguel Obando y Bravo, contribuyendo de esta manera a la Paz y Reconciliación de las familias nicaragüenses.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional está formando el socialismo. La historia nos enseña que el socialismo tiene que corresponder a la estructura social de cada país. Nuestro socialismo se asienta en los ideales de:
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Una sociedad con inclusión y cada vez más igualitaria
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Un papel redistributivo del Estado en beneficio de los pobres
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La capitalización, los incentivos, los subsidios y empoderamiento de los pobres.
Se fortalece también en la alianza y la convivencia con los productores nacionales, sean éstos pequeños, medianos o grandes, así como en la prioridad a las cooperativas.
El socialismo en Nicaragua, tiene sus raíces en la lucha antiimperialista de Sandino, en la lucha contra la dictadura somocista, en la actual lucha contra el capitalismo salvaje y depredador, trabajando por instalar una economía que haga posible el reino de la justicia social en el país. Se ha logrado la estabilidad y el buen gobierno gracias a una política de alianzas entre gobierno, empresarios y trabajadores.
Nuestra solidaridad es una actitud personal y militante para erradicar las diferencias de clase, la discriminación y la marginación, a través de políticas y programas sociales en favor de los más empobrecidos y desfavorecidos de Nicaragua: los campesinos, las mujeres, los jóvenes y ancianos, los desempleados y trabajadores de bajos ingresos, los discapacitados, las regiones menos desarrolladas y los pueblos originarios y afrodescendientes. Pero también es una solidaridad internacional que nos lleva a la unidad latinoamericana y caribeña, la solidaridad del comercio justo y para superar la dependencia a las empresas transnacionales, tal como se expresa en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
ALBA promueve la unión y hermandad entre los pueblos de América y del Caribe, que nace del consenso entre países para reducir las grandes desigualdades dentro de los países y entre los países, en la región más desigual del mundo. ALBA actúa bajo los principios de la solidaridad, complementariedad y reconocimiento y compensación de asimetrías.
El mecanismo ALBA se puede definir en tres niveles que conforman una unidad holista:
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Un proceso de unión latinoamericana y caribeña.
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Un acuerdo y una organización que lleva adelante el proceso de unión mediante programas comunes.
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Un proyecto de construcción de modelos económicos y sociales que reemplazan al neoliberalismo y superan a la desigualdad.
La unión ALBA representa una alternativa al capitalismo neoliberal globalizado como la única opción de los países pobres del mundo y así, es la salida tanto para los países pobres como para los pobres de todos los países de América Latina y el Caribe.
En Nicaragua, los programas y proyectos del ALBA representan una importante contribución en la lucha contra la pobreza, en el sostenimiento de la estabilidad macroeconómica, en apoyo a lo que debería realizar la inversión pública, en el alcance de la soberanía energética, en la consolidación de la soberanía alimentaria, en el impulso del comercio justo, en el apoyo a la gestión pública, en la sostenibilidad ambiental y en el desarrollo de la Costa Caribe, entre otros aspectos.
Para la construcción del nuevo Modelo Económico Social Nicaragüense, es necesario recuperar valores, restituir derechos y fortalecer capacidades.
2.4.1 Recuperar Valores
Recuperar valores representa la posibilidad de transformar la cultura, a fin de transitar desde la vulnerabilidad y la extrema pobreza que generó el Neo-Liberalismo, hacia el optimismo, la dignidad, el trabajo, las formas asociativas armoniosas, que se proponen el desarrollo humano de familias y comunidades, con amor y respeto a la Naturaleza, al Medio Ambiente y a todos los Seres Vivos.
Recuperar valores equivale a recuperar conciencia de clase, que hoy quiere decir, conciencia de pertenencia a un país, y a un mundo que es de tod@s, y en donde tod@s debemos defender los ideales y prácticas que nos permitan alcanzar justicia para tod@s.
Recuperar valores significa recuperar conciencia de humanidad y de derechos humanos, como la alegría de alimentarnos, trabajar, vivir saludablemente, comunicarnos, entendernos, y compartir (en vez de competir) todas las ventajas de la educación, la cultura, la ciencia, la tecnología, para forjar un porvenir diferente, sin exclusión, discriminación, o negación, que cercene el derecho a la vida plena, que todos merecemos.
2.4.2 Restituir Derechos
Restituir derechos significa que cada uno de los ciudadan@s de nuestra Nicaragua, sabremos identificar nuestros deberes y derechos como individu@s, y como sociedad, a fin de vivirlos y defenderlos, haciendo realidad nuestra incorporación plena, a la actividad económica, política y social.
Para contribuir a restituir derechos efectivamente, identificamos los sectores más vulnerados por el Neo-Liberalismo y trabajamos articulada, coherente, y eficientemente, para derribar las barreras de exclusión, y promover y desarrollar el potencial humano de todos los sectores sociales, que debemos construir junt@s, la Nueva Sociedad.
Restituir derechos, significa, además, trabajar por una conciencia y una práctica de ciudadanía, que convoque e integre a todas las instituciones, gubernamentales y sociales, a cumplir con los propósitos y acciones indispensables para que tod@s nos proclamemos, y seamos seres libres, educados, sanos, alegres, y partícipes, en todos los planos, de la gesta heroica de transformación de la sociedad.
Restituir derechos, es recrear la Patria a la medida de los sueños, de los Héroes, de los Próceres, y de las Mujeres y Hombres honest@s, que han entregado su vida al servicio de las mayorías. A la lucha contra el egoísmo; a la vivencia del bien común.
También consiste en recuperar los derechos a la salud y educación gratuitas y universales consagrados en los artículos 105 y 121 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, pero negadas por las políticas de recuperación de costos de gobiernos anteriores.
Fortalecer capacidades, es lo que se propone todo este Sistema Nacional de Bienestar Social, que promoverá, organizará y gestionará conciencia de ciudadanía, de valores, de clase, y de humanidad, restituyendo a cada nicaragüense su derecho a la vida en todas sus expresiones.
Luchar contra la pobreza heredada por el Neo-Liberalismo, significa abrir espacios reales, opciones verdaderas, para convertirnos tod@s en creadores y actores sociales. Luchar contra la pobreza implica también combatir la inercia espiritual, la parálisis creativa, la depresión exógena, propia del modelo que intentó convertir a las mayorías en masas obedientes y serviles, que interiorizaban mensajes despectivos, humillantes, y descalificadores, con los cuales pretendían inmovilizarnos, para perpetuar sometimiento y exclusión.
Recuperar capacidades es la tercera fase, complementaria, en el Programa de Restitución de Derechos. Trabajamos primero por recuperar valores, que nos permiten despertar conciencia, para asumir derechos, y finalmente, recuperar el sentido de lo que somos, y la dignidad de lo que hacemos.
Recuperar capacidades es reconocer la plenitud de nuestra identidad humana, para dejar atrás la vulnerabilidad, fabricada e impuesta, y empezar a vivir con otras referencias.
Recuperar capacidades es destacar nuestra inteligencia, afirmando talento y calidad para desempeñar todas las funciones, y todas las tareas, pasando así de gobernados a gobernantes.
También implica la alfabetización y post alfabetización, la batalla por el sexto grado en 2012 y la batalla por el noveno grado en 2015, así como la superación de la desnutrición y la prevención de enfermedades.
El concepto del Pueblo Presidente en Nicaragua es de un pueblo organizado, con el poder en sus manos para ser protagonista de su propia historia en las decisiones que afectan su vida económica, política, social y cultural.
Esto significa que la democracia directa impulsa procesos profundos de cambio en la sociedad, partiendo de la toma de conciencia de su capacidad de ejercer el poder y el impulso de valores éticos y morales que conlleven a un verdadero desarrollo humano.
La democracia directa es una estrategia para lograr los cambios económicos, políticos y sociales necesarios para democratizar al país, reducir las desigualdades y superar la pobreza que permitirá al pueblo ser parte del éxito de la implementación de las políticas y ejecución de los programas orientados a estos fines.
La gobernabilidad democrática que adopta e impulsa este gobierno tiene como eje central la construcción de una sociedad justa. Esta sociedad justa debe promover la convivencia pacífica y el desarrollo social y económico, con justicia social y bajo los principios de autodeterminación y soberanía de nuestra Nación, lo que implica construcción de ciudadanía activa.
Nicaragua se está convirtiendo en una democracia donde el pueblo participa de forma real y efectiva. El pueblo se constituye en el tomador de decisiones, gestión y evaluación de las políticas de gobierno, en base a la participación amplia de los sectores de la sociedad nicaragüense, a través de la consulta con los diferentes gremios, tales como la pequeña y mediana industria, pequeños y medianos productores, organización de los cafetaleros, grandes empresarios, actores políticos, y sociedad civil.
Los espacios para ejercer la democracia directa son a través de los Consejos Comunitarios, Congresos Barriales y Comarcales, Congresos Municipales, Congresos Departamentales y un Congreso Nacional del Poder Ciudadano, para que sus ideas, necesidades, demandas y posiciones del Pueblo sean tomadas en cuenta en las decisiones del Presidente de la República.
El Gobierno, promueve la inclusión de todos los ciudadanos como constructores y beneficiarios directos de esta nueva forma de hacer gobierno en beneficio de y todos los nicaragüenses y en respuesta a las demandas del pueblo ha declarado la gratuidad de la educación, la gratuidad de la salud, la mayor presencia del Estado en asegurar los servicios básicos como el agua potable, energía eléctrica, el transporte y la búsqueda continua de nuevas alternativas tanto nacionales como internacionales para solucionar el gran problema de la pobreza que se manifiesta de diferentes maneras en nuestro país.
Los Gabinetes y Consejos Comunitario del Poder Ciudadano son una instancia de carácter participativo, activo y directo donde convergen los diferentes sectores del país, electos democráticamente, sin distinción política, social, religiosa y con equidad de género. Participan activamente en la identificación, priorización de sus problemas, gestión local, en el desarrollo integral de su comunidad, comarca, territorio, municipio, departamento y nación.
El sustento jurídico de la creación de los Concejos y Gabinetes del Poder Ciudadano está en el Decreto Presidencial No.112-2007, en los que expresa:
Artículo 1. Se crean los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano, a fin de que el Pueblo nicaragüense en el ejercicio de la democracia participativa y directa de los diferentes sectores sociales del país, se organicen y participen en el desarrollo integral de la nación de manera activa y directa y apoyen los planes y las políticas del Presidente de la República encaminadas a desarrollar estos objetivos. El servicio de estos Consejos y Gabinetes será enteramente voluntario y sin goce de sueldo.
Artículo 2. Los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano tendrán presencia en las comunidades comarcas, barrios, distritos, municipios, departamentos, regiones autónomas y a nivel nacional.
Los Consejos de la Familia, Salud y Vida se han estado organizando en barrios y comarcas de todos los municipios del país. Son expresiones organizadas de la comunidad, que promueven el protagonismo de los ciudadanos y ciudadanas, la práctica de valores en la familia, en la escuela y la comunidad, e impulsa prácticas de salud e higiene, tanto en el hogar como en la comunidad, la preservación del medio ambiente, y acciones de prevención de riesgos ante desastres naturales.
Los Consejos de la Familia, Salud y Vida van a tener diferentes contenidos de trabajo, de acuerdo a cada contexto, pero tienen como denominador común, promover un modelo de relaciones diferentes a lo interno de la familia.
Se promoverán relaciones de dignidad, de respeto entre todas las familias, independientemente de las condiciones entre la pareja, de los adultos hacia los niños, de los niños hacia los adultos. El Programa Amor para los Más Chiquitos, que ha promovido en las familias nuevos modelos de crianza, aportará y fortalecerá los Consejos de Familia.
El Modelo de Consejos de Familia, es un modelo de acompañamiento desde las organizaciones e Instituciones del Estado, instancias nacionales como el MARENA, MINSA, MINED, MiFamilia y SINAPRED; y contempla a la comunidad como protagónica de sus propios procesos.
Los Consejos están atendiendo los problemas más sentidos por la comunidad, en la que se deben involucrar todos y todas, por lo tanto, no tienen colores políticos.
Este Consejo de Familia, Salud y Vida se inserta en el Gabinete Social, el Sistema para el Bienestar Social.
Con los Consejos de Familia, Salud y Vida se continúa avanzando en el desarrollo de prácticas de salud e higiene, para lo cual han realizado ferias de salud donde la población acude masivamente en todo el país.
Han desarrollado jornadas de salud en distintos barrios del país, donde se brindan miles de consultas. En los Hospitales y Centros de Salud se han realizado cientos de operaciones quirúrgicas, así como miles de análisis para la detección temprana de tumores malignos, en los cuales las mujeres fueron priorizadas.
Se reportan 9 mil cirugías de la Operación Milagro; reducción de listas de espera para cirugías en 2,739 pacientes; 90 mil muestras de Papanicolau; 90 mil exámenes de mamas; y 6 mil ultrasonidos para detectar cáncer de próstata.
Ha tenido gran impacto en la restitución de la autoestima de la mujer la atención odontológica que se brinda en Centros de Salud. Se reportan 40 mil atenciones odontológicas a mujeres.
Se contabilizan 800,000 viviendas visitadas casa a casa promoviendo el aseo de las viviendas y la higiene para el control del dengue. Se registran actividades de prevención de epidemias: vacunación, control de Aedes Aegypti, control de Roedores y detección temprana de VIH.
También, se continúan las capacitaciones sobre salud sexual y reproductiva a miles de jóvenes.
Con el Programa “Todos con Voz” se han atendido a 70 mil personas y se avanza en la entrega de sillas de ruedas, todos los fines de semana con el acompañamiento de la Promotoría Solidaria.
El cuido del medio ambiente, la prevención de desastres, así como la promoción de valores para el fortalecimiento de la familia son acciones que los Consejos de Familia, Salud y Vida impulsan en las comunidades.
Los Gabinetes Sectoriales son instancias nacionales, que integran y articulan diversas instituciones de gobierno, según le corresponda a cada gabinete, con el propósito fundamental de diseñar y proponer, ejecutar, evaluar y dar seguimiento a las políticas de gobierno, correspondiente a cada sector. El Presidente de la República encabeza cada gabinete y es quien aprueba y dicta las políticas que deberán ser implementadas por las instituciones respectivas.
Los Gabinetes Sectoriales que actualmente están funcionando son el de Planificación y Cooperación, Economía, Social, Producción, Infraestructura y Energía. También funcionan los Gabinetes de la Juventud, Gabinete Ambiental y Gabinete de Género.
Para el 2013 se fortalecerán los Gabinetes Sectoriales en más municipios del país. Los Gabinetes Sectoriales que se instalarán en cabeceras departamentales estarán conformados por las instituciones que componen cada uno de los Sectores, Social, Infraestructura, Producción y Comercio. Estos Gabinetes cuando se sesione contarán además con la presencia de los Alcaldes, Vicealcaldes, Concejales, de manera que también se pueda recoger territorialmente, las inquietudes y propuestas de las familias de las localidades.
El GRUN busca el fortalecimiento de los espacios de decisión de la población con la adecuación e implementación del Sistema de Planificación Municipal para el Desarrollo Humano (SPMDH). Por lo tanto, continuará fortaleciendo el modelo de democracia directa, como mecanismo óptimo para la restitución de derechos a la población, particularmente de mujeres y jóvenes, con equidad de género. Hay una tendencia hacia el incremento de la participación directa de hombres y mujeres en la toma de decisiones en todas las fases y etapas del SPMDH.
La participación directa de la población fortalecerá la planificación territorial integral que incorpore la visión estratégica de desarrollo local incluyendo la gestión de riesgo basado en la prevención ante desastres naturales, así como en las acciones de adaptación al cambio climático con el involucramiento directo de la población.
El propósito de los Gabinetes de Gobierno o Gabinetes inter institucionales es acercar la institucionalidad al Modelo Político que es un modelo de presencia directa, desde la persona, la familia y la comunidad, que asegura protagonismo y poder de decisión y evaluación. El Modelo del Poder Ciudadano, es un compromiso del gobierno del Presidente Ortega a las familias nicaragüenses.
Este modelo permitirá una comunicación directa con el pueblo, se escucharán mejor los planteamientos, se constatará in situ, se evaluará, se resolverán problemas a lo inmediato, garantizando mayor efectividad, eficacia y eficiencia en el proceso de toma de decisiones. Con el pueblo de fiscal de cada una de las acciones en cumplimiento, se irá fortaleciendo la capacidad de gobernantes locales y gobernantes nacionales en todo el país.
El desafío de este gran proyecto popular ha sido lograr la plena incorporación de todas las voces, lograr que todos los participantes-gobierno y pueblo- se den la misma importancia, y ver los intereses de un gran proyecto que representa a todos y todas. El desafío es encontrar y hacer funcionar los mecanismos para que cada uno se sienta parte del todo. El reto es incluir no excluir, acercar no alejar, incorporar, sumar, ser cada vez más grandes en términos humanos, en términos espirituales y culturales para estar en capacidad de comprender la importancia de todas las expresiones del poder del pueblo en cada lugar.
Los Gabinetes de Gobierno conformados por diferentes instituciones, se incrementarán y movilizarán hacia las comunidades para dar cobertura a todo el país, para seguir promoviendo protagonismo del pueblo, que son los que miden los resultados, los que gobiernan, los que auditan. En estos Gabinetes se incorporarán, además de los delegados institucionales, l@s Alcaldes, l@s Concejalas y l@s Vicealcaldes.
La Gran Alianza entre el Gobierno, Sector Privado y Trabajadores, es una política promovida por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y una estrategia de consenso para la estabilidad y cohesión social de Nicaragua.
La Gran Alianza ha tenido como objetivos 1) contribuir a la estabilidad y crecimiento del sector privado, ii) facilitar las decisiones de política, iii) lograr consensos en las reformas tributarias; iv) facilitar el acceso a la cooperación internacional dirigida a las prioridades nacionales productivas; v) realizar esfuerzos conjuntos para la promoción de la inversión privada; vi) formar consensos para iniciativas futuras; vii) lograr de parte del sector privado sus compromisos de Nación sobre responsabilidad fiscal, laboral, social, cultural y ambiental.
Esta gran alianza ha permitido mantener un clima de entendimiento, predictibilidad de costos y estabilidad social y laboral favorable, que ha incidido directamente en el aumento de las Inversión Extranjera Directa y de las mismas inversiones privadas nacionales.
Durante el periodo 2007 – 2011, se han impulsado relaciones de concertación y acuerdos entre el Gobierno y los sectores sindicales y empresariales incluyendo a la micro, pequeña y mediana empresa. Estos sectores participan en las instancias tripartitas, mediante la instalación de mesas de diálogo y de coordinación para lograr acuerdos en la búsqueda de soluciones a la problemática laboral y de seguridad social, fortaleciendo así la participación de los trabajadores y empresarios en la gestión pública.
El diálogo impulsado por el gobierno, las Zonas Francas y los trabajadores ha sido reconocido por la Organización Internacional del Trabajo como un modelo a seguir para América Latina.
El Consejo Nacional del Trabajo se instaló en el 2010 como una instancia que permite la discusión de la problemática laboral y de seguridad social.
Desde el año 2007, de conformidad a la Ley 625 Ley de Salario Mínimo, la Comisión Nacional de Salario Mínimo ha sido convocada por el Gobierno para la fijación del salario mínimo según los periodos que estipula la Ley.
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, integrada por representantes de Gobierno, de trabajadores y de la empresa privada, ha garantizado el incremento de los salarios mínimos con el fin último de acercarlos a una mejor cobertura de la canasta básica.
Como resultado de esta alianza, se consensuaron los aumentos al salario mínimo de 2010 y 2011 de 12.0 y 15.0 por ciento y de 8.0, 9.0 y 10.0 por ciento al salario en zonas francas para 2011, 2012 y 2013 respectivamente.
La Comisión Tripartita Laboral de Zonas Francas, frente al impacto de la crisis mundial, firmó en 2010 un acuerdo de estabilidad laboral en el que se define el ajuste del salario mínimo de tres años (2011, 2012,2013), para las y los trabajadores de este sector, con incrementos de 8%, 9% y 10% respectivamente.
En 2010 se instaló el Consejo Nacional del Trabajo como instancia nacional que permite la discusión de la problemática laboral y de seguridad social, así como las Comisiones Laborales Territoriales en las 16 cabeceras departamentales del país, estas comisiones son instancias de participación ciudadana para el abordaje de toda la temática laboral en los territorios, que trasciende el tripartismo.
El Consejo Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo, integrado por representantes de los trabajadores, empleadores, universidades y otras instancias relacionadas, participó en 2010 en el abordaje de los riesgos laborales y de seguridad laboral y equidad social. Este Consejo aprobó normativas relativas a regular los salarios de los ciclos agrícolas de la cosecha cafetalera y la alimentación de los trabajadores del campo. También negoció con los sindicatos de la construcción y la Cámara de la Construcción para el cumplimiento del convenio colectivo.
Se aprobó la Ley 677 “Ley Especial para el Fomento a la Construcción de Vivienda y de Acceso a la Vivienda de Interés Social” y su Reglamento, que tiene por objeto fomentar y promover la construcción de viviendas, con énfasis en las viviendas de interés social a través del sector privado o cualesquiera de las empresas que se organicen bajo las formas de propiedad establecidas en la Constitución Política de la República de Nicaragua, las que gozarán de la igualdad ante la ley, ante las políticas económicas del Estado.
En el 2009 se elaboró el Proyecto de Vivienda Social Solidaria para su ejecución en el 2010, con una amplia participación de los empresarios de la construcción y de trabajadores. El programa consiste en la construcción de 6,700 viviendas, de las cuales 1,900 se construirán a través de subsidios directos, ejecutados por los Gobiernos Municipales; 4,800 casas serán construidas por el sector privado, con hipotecas bancarias subsidiadas por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, para lo cual se están incorporando US$45 millones del INSS, y US$45 millones de los bancos privados, para un total de US$90 millones. Esta iniciativa fue aprobada por la Asamblea Nacional con amplia mayoría y consensuada con todos los sectores de la empresa privada, así como las organizaciones comunitarias.
La clave del proceso hacia la restitución de más derechos, más bienestar, más prosperidad en la vida de las familias nicaragüenses, está en el Modelo de Alianzas de Prosperidad entre el Gobierno Nacional, Gobierno Local, Empresarios, Productores, Trabajadores, Movimientos Sociales y Movimientos de Pobladores.
Este Modelo de Alianza de Prosperidad, será extendido por todo el país a través de las delegaciones de los distintos Gabinetes de Gobierno que incorporan a las Alcaldías y a los Concejales, creando una formidable red, un extraordinario modelo de consultas para la planificación, seguimiento a la ejecución, seguimiento al cumplimiento, evaluación de la satisfacción, directamente del pueblo.
El Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) presentado al pueblo nicaragüense por el Presidente Daniel Ortega Saavedra en abril de 2008 en forma preliminar y en versión final en octubre de 2008, fue un punto culminante de varios procesos de articulación estratégica iniciados desde la asunción del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) en 2007.
El PNDH está sustentado en el Modelo Cristiano, Socialista y Solidario del Poder Ciudadano, que tiene al ser humano como el centro del modelo, rescata para el pueblo el rol del Estado para liderar el progreso económico y social y rescata el rol del pueblo como el soberano en los procesos de decisión nacional. El PNDH ha tenido como alta prioridad el crecimiento económico con aumento del trabajo y reducción de la pobreza y de las desigualdades, la recuperación de valores, la restitución de derechos económicos, sociales, ambientales y culturales del pueblo, sobre todo a los sectores históricamente excluidos y el aumento en las capacidades de las familias nicaragüenses. Así, la reducción de la desigualdad y la pobreza junto con una buena recuperación de la economía, fueron los principales resultados de las políticas y los programas del PNDH.
Los avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad en un contexto de crecimiento económico, de estabilidad macroeconómica y social, a pesar de la crisis económica y financiera internacional, de las alzas de precios de los combustibles y de alimentos, y de los estragos del cambio climático en el país, son los principales resultados del PNDH 2007-2011. Se sentaron las bases para una transformación aún mayor en el período 2012-2016.
La estrategia de reducción de la pobreza y la desigualdad para el presente quinquenio, sobre la base de los avances logrados en el período 2007-2011, tiene a un Estado más fortalecido y articulado para atender la economía familiar, comunitaria, cooperativa y asociativa, que es la columna vertebral de la economía nacional; la participación de un pueblo organizado y movilizado para apoyar los programas sociales y ambientales; un sector privado en alianza con el gobierno y los trabajadores, una cartera de proyectos de inversión que está transformando al país; y la solidaridad del ALBA en la transformación de Nicaragua mediante proyectos sociales y productivos.
El PNDH 2012-2016 es un plan proactivo que busca transformar el país, en un contexto nacional de estabilidad macroeconómica y cohesión social a pesar de la amenaza de una crisis económica y financiera internacional y el peligro permanente del cambio climático. La Estrategia del Plan está construida con base en doce lineamientos que combinan la continuidad de las políticas que han transformado al país a partir del 2007, con la incorporación de nuevas prioridades cuyo propósito es atender las necesidades inaplazables de transformación productiva y social del país:
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Crecimiento económico y estabilidad macroeconómica con incremento del trabajo y reducción de la pobreza y la desigualdad.
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Fortalecimiento de la Gran Alianza entre los trabajadores, los productores y el gobierno.
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Política Exterior y Cooperación Externa soberana, independiente y abierta a todos los países del mundo en el combate a la pobreza en beneficio de las familias nicaragüenses.
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Integración centroamericana, unión de la ALBA, y articulación latinoamericana y caribeña a través de la CELAC.
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Seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
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Desarrollo integral de la Costa Caribe.
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Gestión pública participativa y democracia directa.
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El bien común y la equidad social de las familias nicaragüenses.
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Ciencia, tecnología, innovación y emprendedurismo para la transformación de Nicaragua.
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El sector productivo priorizando la economía familiar, comunitaria y cooperativa, y la soberanía y seguridad alimentaria.
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Infraestructura social, de transporte, energéticos y productivos para la transformación de Nicaragua.
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La Protección de la Madre Tierra y adaptación al cambio climático.
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El desarrollo integral de la Costa Caribe constituye uno de los pilares más importantes de la estrategia de reducción de la pobreza en Nicaragua. El Plan de Desarrollo de la Costa Caribe (PDCC) y su Estrategia están recogidas en el Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2016, así como las prioridades de políticas y los ejes de trabajo desde las particularidades de la población de la Costa Caribe en los temas económicos, sociales, culturales, ambientales y autonómicos.
La premisa fundamental de la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe (EDCC) es que el desarrollo surge desde adentro, ya que se requiere de una efectiva participación de la población del Caribe y sus instituciones, para que asuman el desarrollo como propio, desde las personas, las familias y las comunidades en corresponsabilidad, construyendo el buen vivir y el bien común.
En la primera etapa de implementación de la Estrategia (EDCC 2007-2011), el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional se planteó “establecer las bases de un modelo de desarrollo humano equitativo, justo e integral en armonía con la naturaleza, las culturas y la geografía que diera la ruta para el desarrollo humano del Caribe con pertinencia cultural e inclusión”.
Se destacan los avances en el reconocimiento y restitución de los derechos de la población caribeña, en especial de la población indígena y afro descendiente, con la demarcación y titulación de 17 territorios, 244 comunidades con una población beneficiada de 274,000 personas, alcanzando los 30,000 km2. En materia de seguridad y soberanía alimentaria se implementó el Programa Hambre Cero que capitalizó a 13,581 mujeres pobres jefas de hogar con bonos productivos (bienes y materiales) y el apoyo a un total de 48,186 productoras y productores con el suministro de semillas e insumos para el cultivo de 56,279 mzs. de granos básicos; en educación se avanzó en la alfabetización reduciendo la tasa de analfabetismo de 58.0 por ciento a 18.0 por ciento; se llevó energía eléctrica a 56,000 familias y se mejoraron las vías de transporte con la construcción de 22.0 km de concreto, 18 puentes y mantenimiento periódico a más de 300 km de carreteras troncales.
Asimismo, se mejoraron puertos y aeropuertos y se amplió la cobertura en telecomunicaciones. En este contexto, se avanzó en el esquema de triangulación de puertos con países vecinos con la mejora de los puertos El Rama y Bluff, el dragado y señalización del canal de acceso de la Bahía de Bluefields-Río Escondido y la construcción de centros de acopio y red de frío en la RAAN (Wawabar, Dakura Tawasakia, Bishmuna), y en las comunidades de Orinoco y Bluefields en la RAAS.
Con relación al fortalecimiento de los gobiernos regionales, el Consejo de Desarrollo de la Costa Caribe ha mantenido y fortalecido el diálogo permanente y la interacción entre los actores regionales y de éstos con el nivel central. De esta forma, se ha venido consolidando la construcción y legitimación de una hoja de ruta para el desarrollo del Caribe nicaragüense.
Para el periodo 2012-2016, la EDCC plantea un marco estratégico de prioridades organizado en tres ejes y 17 programas. Los ejes de desarrollo son: (i) incrementar el bienestar socio-económico para la población del Caribe; (ii) la transformación económica equitativa, sostenible y armónica con la naturaleza, y (iii) el fortalecimiento de la institucionalidad autonómica para lograr el desarrollo humano.
Como Objetivo General se plantea, desarrollar una realidad económica, política y social que restituya los derechos de los habitantes de la Costa Caribe y el Alto Wangki-Bocay (AWB) a contar con servicios humanos básicos de calidad y oportunidades productivas equitativas y justas, apoyadas por una participación ciudadana autonómica, dinámica y articuladora, que contribuya a reducir la pobreza y a mejorar el desarrollo humano de la Costa Caribe al 2020.
Y como Objetivo Específico se plantea, profundizar el modelo de desarrollo humano sostenible y equitativo de la Costa Caribe, que parte del ser humano en su búsqueda de mejoramiento continuo de igualdad, justicia, solidaridad, entrega y equidad en la distribución de riquezas.
Las políticas redistributivas y de soberanía y seguridad alimentaria se han orientado a reducir la pobreza, a incrementar el consumo de kcalorías en la población más pobre y a reducir las necesidades básicas insatisfechas. Desde inicios del gobierno, se declaró el acceso gratuito y universal a la educación y a la salud; se ha fortalecido el gasto total en salud y educación; han aumentado los servicios de salud y la participación del pueblo organizado y movilizado (se movilizan 1.13 millones de voluntarios al año, principalmente mujeres y jóvenes).
El apoyo con financiamiento, insumos, fertilizantes y asistencia técnica a la micro y pequeña producción es una política dirigida a beneficiar a este sector tradicionalmente excluido. Con el fortalecimiento de este sector que produce el 85% de los alimentos que consumen las familias pobres, se genera el 70% del empleo y el 40% del PIB. En 2012 se organizó el Ministerio de Economía Familiar, Comunitario y Cooperativa y Asociativa para aumentar la producción, la productividad y los ingresos del 70% de la población que está en la micro, pequeña y mediana producción. Esto se logrará a través de mejores prácticas y tecnologías, financiamiento, asistencia técnica y apoyo en la comercialización e industrialización para mayor valor agregado y formas de asociatividad, incluyendo el cooperativismo.
La Política de Soberanía y Seguridad Alimentaria se ha implementado a través del Programa Alimentario de Semillas, el de Usura Cero que brinda crédito a las socias mujeres en grupos solidarios, el Bono Productivo Alimentario (Hambre Cero) para capitalizar a las mujeres campesinas organizadas en grupos solidarios, el Programa Alimentos por Trabajo durante las emergencias y en la rehabilitación post emergencia, beneficiando a las familias y el Programa Alimentación Escolar dirigido a los niños de las escuelas públicas.
La protección del presupuesto familiar, se ha garantizado a través de los servicios subsidiados, tales como transporte, agua potable, luz eléctrica domiciliar y alimentos distribuidos por ENABAS. Además del bono Cristiano, Socialista y Solidario de C$700 al mes para los trabajadores de menores ingresos del Estado.
El salario mínimo promedio ha aumentado para todos los sectores, siendo en el 2011 de C$3,150.04, incrementándose en un 124.8% en relación al año 2006 (C$1,401.51).
Para el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, la restitución de los derechos de propiedad es una prioridad. Esta restitución de los derechos, contribuye a la sostenibilidad económica, la gobernabilidad y la armonía social en el campo; asimismo, fortalece el marco legal, institucional y técnico para la administración de los derechos de propiedad, que permite brindar un servicio de mayor calidad a la población, beneficiando en igualdad de condiciones a hombres y mujeres del campo y la ciudad de nuestro país.
La solución de conflictos de propiedad se realiza a través de la organización de mesas de trabajo, con la participación interinstitucional de la Intendencia de la Propiedad, Procuraduría General de la República, Poder Judicial, Catastro – INETER, con la participación del Poder Ciudadano, líderes comunales y la Comisión de Verificación de Paz y Justicia. Resultados de este esfuerzo interinstitucional son las soluciones a las demandas de los desmovilizados y demandantes tradicionales de tierras, logrando así soluciones a los conflictos de propiedad de estos grupos.
Del 2007 al 2011, el Gobierno entregó 97,684 documentos de propiedad en la zona urbana y 65,123 documentos en la zona rural, para un total 162,807 documentos de propiedad; a favor de los pueblos indígenas de la Costa Caribe se tituló 15 territorios, donde se incluyen a 214 comunidades Mayagna, Miskitu y Afrodescendientes.
El impacto de estas soluciones a las demandas de propiedad está en la tranquilidad y la paz social en el campo y la ciudad, en la disminución del tráfico de tierras y falsedad civil sobre el tema de la propiedad, en la participación de los propietarios de parcelas y fincas en la defensa de nuestros recursos naturales, con el compromiso de protección, salvaguarda del medioambiente, el cuido, la preservación y restauración de la Madre Tierra.
A partir del año 2007, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional inició un proceso de rescate del sistema educativo desde una perspectiva de restitución de derechos que se sustenta en los principios de equidad y calidad de la educación. La primera acción de política implementada por el Gobierno fue la eliminación de la “autonomía” escolar y con ella, principalmente los cobros en las escuelas públicas, estableciéndose la gratuidad de la educación sin ningún tipo de exclusión y discriminación, establecido en el Artículo 120 de la Constitución Política de Nicaragua.
Como parte del Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), en abril del 2010 se definió la Estrategia Educativa, a partir de la cual se profundiza el enfoque de la nueva educación orientada a la comunidad y a la participación de los actores locales en la gestión educativa; dando inicio a la batalla por el sexto y noveno grado, principal propósito para alcanzar la universalización de la educación básica.
El desarrollo del nuevo modelo educativo está permitiendo que cada vez más personas, especialmente los más empobrecidos de las áreas rurales y de comunidades indígenas y afro descendientes, ingresen a las escuelas en la edad que les corresponde y progresen en forma continua.
Con el nuevo modelo se está desarrollando un sistema educativo coherente, integral, complementario y articulado entre los subsistemas de Educación Básica, Educación Media, Educación y Formación Técnica y la Educación Superior, que ofrezca diferentes salidas a los estudiantes para la valoración y utilidad de una educación flexible y vinculante entre la oferta educativa y demanda de los sectores de la economía y de la población.
El Modelo de Responsabilidad Compartida concibe a la Escuela como un centro de promoción y construcción de desarrollo humano, abierto a la familia y la comunidad como protagonistas y garantes de la educación, a los estudiantes como actores activos en su proceso de formación y un sistema de gestión educativa consistente, que incorpora información oportuna, monitoreo y evaluación, de tal manera que permita responder a los desafíos emergentes.
Para el éxito de éstos propósitos se consolidará el Modelo de Responsabilidad Compartida, fortaleciendo y ampliando la participación de la comunidad en su protagonismo en la transformación educativa, en el entendido que ésta requiere de la participación activa de la familia, comunidad, directores, docentes, estudiantes, actores locales y alcaldías, impulsando un rol más comprometido de la comunidad en torno al cuido y protección de la educación de los hijos y de la infraestructura escolar, construyendo así una participación directa de deberes y derechos.
Un ejemplo destacado de estos procesos participativos han sido las campañas de Alfabetización “De Martí a Fidel” y la Jornada de “Fonseca a Sandino”, programa de Alfabetización y Post Alfabetización “Yo Sí Puedo Seguir”, “Ya sé leer” y “Educación Continua de Adulto”, con la participación voluntaria de 57,631 jóvenes en todo el país, lográndose alfabetizar a 532,641personas en el período 2007-2011. Esto permitió reducir la tasa de analfabetismo de 16.5% en 2007 a 3.0% en 2011.
Con la participación de la familia, la comunidad y actores locales se han organizado los Consejos Locales de Educación, con el propósito de que el pueblo asuma la participación en la toma de decisiones y en implementación de tareas educativas que se quiere para las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos de Nicaragua.
Se formaron 8,180 Comisiones de la Batalla por el Sexto Grado en escuelas de primaria y 181 Consejos Locales de Educación departamentales, municipales y distritales.
Se realizó la Consulta Nacional del Currículo de Educación Básica y Media, con participación de 150 Organismos del Estado, Instituciones, Asociaciones, Sindicatos y Organismos Magisteriales, que involucró a 7,498 personas, incluyendo docentes y directores de escuelas. Se realizaron 19 Foros‐Talleres de Reflexión con participación de 5,700 personas entre ellos padres y madres de familia, 350 estudiantes de secundaria así como 1,500 estudiantes, pobladores y docentes de la RAAN y la RAAS, 550 pobladores de barrios y mercados, y 3,300 visitas de la población en general al Portal Educativo con 500 aportes y 2,490 visitas de Asesoría y Seguimiento a 98 Escuelas.
En el 2010, se diseñó el nuevo currículo de formación inicial docente centrados en valores, que incluye para la Costa Caribe, el currículo regional con enfoque intercultural bilingüe, con la participación de docentes y directivos de las escuelas normales, implementándose y validándose en el 2011 con 800 jóvenes que egresarán en 2013.
Del mismo modo, se ha implementado el innovador programa “Constructores del Futuro”, con participación de jóvenes brigadistas que han rehabilitado aulas deterioradas en escuelas rurales y barrios marginales. La Federación de Estudiantes de Secundaria (FES), ha participado en las tareas educativas Solidaridad de Pares por medio de alumnos monitores, y en áreas de medio ambiente, cultura, deportes, recreación y apoyo al plan de reforzamiento escolar.
Como resultado de la participación de maestros, estudiantes y comunidad educativas, la matrícula pasó de 1,630,406 estudiantes en el año 2007 a 1,647,906 en el año 2011, lo que se expresa en más niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que ingresaron a preescolar, primaria y secundaria.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional considera la salud como un derecho humano y un factor de desarrollo. La política de salud ha estado centrada en restituir el derecho de los nicaragüenses a un medio sano mediante la salud preventiva, y a recibir servicios integrales (servicios de promoción, prevención, de asistencia y rehabilitación), los que deben ser gratuitos (garantizado por el Artículo 105 de la Constitución Política de la República) y de calidad, adecuándolos a las realidades multiétnicas, culturales, religiosas y sociales del país, de tal forma que sean aceptados por todas y todos los nicaragüenses.
El Modelo de Salud Familiar y Comunitaria (MOSAFC) está basado en la atención primaria para fortalecer la salud preventiva y de atención local a las comunidades y familias. Esto, a la vez, permite reducir las demandas de atención en centros y hospitales, para mejorar la calidad y calidez en la atención secundaria y terciaria. El Modelo ha permitido que, por primera vez, se atiendan masivamente a las familias en sus viviendas.
El MOSAFC se implementa a través de la organización de redes de servicios de salud territorial donde participan coordinadamente el Poder Ciudadano y trabajadores de la salud. La Red Comunitaria está integrada por: líderes comunitarios, promotores de salud, brigadistas populares de salud, parteras, promotores sociales, curanderos, club de adolescentes, club del adulto mayor, Consejos del Poder Ciudadano y otras formas de organización comunitaria.
Esta red colabora en la elaboración del historial de salud familiar y clasifica a las familias según su situación de salud encontrada. La historia de salud familiar es el instrumento clave para la atención médica integral dispensarizada.
La información para la historia de salud familiar, se obtiene a través de visitas a los hogares, que realiza el Equipo de Salud Familiar, en coordinación con los líderes, Gabinetes del Poder Ciudadano y otros miembros de la Red Comunitaria.
En el marco del Modelo de Salud Familiar y Comunitaria se realizaron en el período 2008 - 2011 un total de 4.7 millones de visitas a hogares para registrar el estado de salud de la población y programar de forma ordenada su atención, a la vez ejercer la salud preventiva en las comunidades y en las familias. Además, se logró la dispensarización a 2.1 millones de nicaragüenses, haciendo realidad la universalización de los servicios y el derecho a la salud.
Con la participación de la comunidad se realizaron las Jornadas Populares de Vacunación aplicando 19,713,166 dosis de vacuna a la población general con prioridad en los niños. Asimismo, se logró inmunizar a todos los niños, protegiéndolos de 13 enfermedades infecciosas y trasmisibles, y a los adultos mayores contra influenza y neumococo.
Con la ejecución de las Jornadas de Salud y el desarrollo de la vigilancia comunitaria, apoyadas por los Gabinetes del Poder Ciudadano, el Ejército de Nicaragua, las alcaldías municipales y la ciudadanía en general, se logró la reducción del 77.0 % de los riesgos epidémicos en todo el país.
Se cuenta con una red de 94 Casas Maternas distribuidas en todo el país, muchas de ellas gestionadas por grupos organizados de mujeres de las comunidades, asociaciones de productores y las Alcaldías, lo que ha contribuido a la disminución de la mortalidad materna de 92.8 defunciones por cada 100,000 nacidos vivos en 2006 a 61.9 defunciones en el año 2011.
El Programa CRISSOL contribuye al cumplimiento de la Política de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Se inició con el ciclo productivo 2011/2012 y consiste en brindar financiamiento a pequeños productores para compra a futuro y estimular la producción de granos básicos. Financia insumos hasta para dos manzanas por productor, estableciéndose un contrato para la compra a futuro con la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (ENABAS), dándole confianza al productor de que colocará su producción para pagar el financiamiento adquirido. Es un programa que no requiere garantía y no aplica intereses.
El programa se desarrolla a nivel nacional y está dirigido a productores de menos de 5 manzanas que se dedican a producir arroz, frijoles, maíz y sorgo; y que no tienen acceso al financiamiento. Las instituciones de Gobierno brindan acompañamiento organizativo a grupos y cooperativas involucradas en la producción de granos básicos.
Los productores se han organizado en Grupos Solidarios, los que tienden a convertirse en cooperativas, para fortalecer la producción y trabajar con un enfoque de cadena solidaria de producción y comercio.
En el ciclo agrícola 2011/2012, se logró una inversión total de C$516 millones, permitiendo financiar a 110,765 productores (30% mujeres) y 161,315 manzanas de maíz, frijol, arroz y sorgo; contribuyendo en un 5% a la tasa de ocupación rural.
Este programa se perfila con mucho éxito y aceptación entre los productores, ya que el mecanismo de compra a futuro les permite obtener por su cuenta los insumos que ellos consideran son mejores para su parcela y les provee con un mecanismo de compra a futuro para cancelar su deuda.
El Programa Productivo Alimentario (PPA), es un eje de la Estrategia de Soberanía y Seguridad Alimentaria. Tiene por objetivo principal sacar de la pobreza a las familias campesinas, por medio de la capitalización de sus unidades de producción y la generación de nuevos ingresos. La mujer es socia y propietaria de los bienes del bono productivo.
Cada bono productivo consiste en una vaca preñada, una cerda preñada, aves, concentrado, materiales para construir el gallinero y porqueriza. La entrega de estos bienes se acompaña con asistencia técnica, capacitaciones, y el fomento a la asociatividad de las mujeres. Estos bienes productivos son adaptados a las condiciones de cada zona y a la parcela de cada productora.
El Bono Productivo Alimentario tiene un valor de US$2,000 dólares y contempla US$1,500 dólares para los bienes y US$500 dólares para la asistencia técnica, capacitación y gastos operativos de la organización e implementación del bono, dinamizando así la economía en los territorios.
La selección y compra de los bienes se realizan con la participación de las mujeres, los equipos técnicos locales y el Poder Ciudadano en los territorios.
Durante el período 2007-2011 se entregaron 100,000 bonos productivos a igual número de mujeres. El programa ha contribuido al desarrollo personal de las participantes, quienes manifiestan sentirse seguras de sí mismas, tomadas en cuenta y valoradas como personas capaces de tener bienes, reproducir animales y cultivar vegetales, administrar dinero, organizarse y desarrollar proyectos con otras mujeres.
Producto de los bienes entregados, las familias han producido 6.8 millones de galones de leche, 33.86 millones de huevos de gallina y reproducción de 141,700 lechones y 241,200 aves. Esto ha incidido de manera directa en la mejor alimentación de las familias nicaragüenses y en sus ingresos.
Las productoras han obtenido ingresos de la venta de sus productos, que les ha permitido acumular un fondo revolvente de C$59 millones.
A nivel nacional las mujeres están organizadas en 1,411 núcleos, de estos 225 son cooperativas que han sido legalizadas por el Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo (INFOCOOP).
El Programa Usura Cero, fue creado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, con el Decreto Presidencial No.75-2007 y su modificación mediante el Decreto Presidencial No.7-2008, y consiste en otorgar créditos a mujeres a una tasa de interés justa, restituyéndoles el derecho a tener financiamiento para impulsar pequeños negocios, principalmente desde sus hogares.
Las participantes del programa son mujeres mayores de 18 años, desempleadas y sin ingresos, que se organizan en grupos solidarios. El monto máximo por socia es de C$5,500.00, a una tasa de interés anual del 5% sobre saldos y a un plazo entre 3 y 8 meses.
Los Gabinetes del Poder Ciudadano en cada barrio, a partir del primer crédito, apoyan a las mujeres para que se organicen en Grupos Solidarios, en un mínimo de 5 socias y un máximo de 10 socias, quienes nombran a la Coordinadora y Vice-Coordinadora. Además, han venido impulsando el Modelo de Responsabilidad Social Compartida entre las mujeres y los grupos solidarios, que ha permitido avanzar en la recuperación de cartera.
Durante el período 2007-2011, se atendieron a 123,438 socias, organizadas en 37,436 Grupos Solidarios, otorgándoles 244,040 créditos. La atención a las socias se realizó en 3,602 barrios de 148 municipios y se llevó a cabo a través de la coordinación estrecha entre los Gabinetes del Poder Ciudadano en cada barrio con los Equipos Técnicos Departamentales del Programa.
Las socias por cada crédito otorgado, reciben dos capacitaciones, con contenidos relacionados al negocio que impulsan o bien a los derechos de las mujeres. Estas capacitaciones son impartidas por el Equipo de Capacitadores del INATEC en cada departamento.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional está comprometido a promover, defender y garantizar la restitución de los derechos de niños niñas, adolescentes, adultos mayores y familias en situación de riesgo social; facilitando su integración a la educación, salud, seguridad, deporte, cultura, recreación y alegría.
Crear en la ciudadanía conciencia y práctica de derechos y avanzar hacia una sociedad equitativa, justa, solidaria, comprometida con los valores esenciales del desarrollo humano, así como generar y establecer conjuntamente con organismos públicos, privados y la comunidad un sistema de oportunidades que permita cumplir con los objetivos de la política de Bienestar y Equidad Social del Estado y en consonancia con el Código de la Niñez y la Adolescencia y el Código de la Familia.
El Programa Amor, tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes, en situación de riesgo social, con participación de sus familias, comunidades, con el apoyo de la promotoría social solidaria e instituciones responsables para contribuir con la restitución de sus derechos.
Los ejes de trabajo del Programa Amor son los siguientes:
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Restituir los derechos de niños y niñas a vivir en condiciones normales, en familia, sin correr riesgos en las calles y desarrollarse sin tener que trabajar.
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Restituir el derecho de niños y niñas a crecer con el amor y el cuidado de una familia.
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Crear y habilitar Centros de Desarrollo Infantil para el cuidado profesional de las hijas e hijos de las madres que trabajan.
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Restituir el derecho de niños y niñas a ser inscritos en el Registro Civil de las personas.
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Asegurar el derecho a atención especializada para niños, niñas y adolescentes que tienen discapacidades.
En el período 2007 – 2011, con la participación de la Promotoría Solidaria en jornadas masivas de inscripción coordinadas con los jueces locales, Alcaldías y Gabinetes del Poder Ciudadano, se restituyó el derecho a un nombre y una nacionalidad, a un total de 91,530 niños y niñas de 0 a 12 años.
Permanecieron en el sistema educativo, un promedio anual de 12,083 niños, niñas y adolescentes trabajadores. Esto se alcanzó mediante el acompañamiento y atención directa a los niños y sus familias, con el apoyo de la Promotoría Solidaria, Gabinetes del Poder Ciudadano, Alcaldías y movimientos juveniles.
Con participación de la comunidad se logró la atención integral de 83,898 niñ@s menores de 6 años en 1,319 Centros de Desarrollo Infantil Urbanos (CDI), Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios (CICO´s) y Casas Base Comunitarias (CBC).
Se reintegraron a su hogar biológico 7,974 niños, niñas y adolescentes. Se integraron a hogares sustitutos, 1,872 niños, niñas y adolescentes, brindándoles protección temporal hasta determinar su situación legal. Se ha logrado disminuir los niños, niñas y adolescentes de los Centros de Atención Especial de 3,000 niños internos en 2006 a 2,460 en el 2011, ubicándolos en familias biológicas, hogares sustitutos y en adopción.
La Política Nacional para la Primera Infancia, es la plena restitución de todos los derechos para todas las niñas y niños nicaragüenses menores de 6 años, según la cual ellas y ellos empiezan a ejercer sus derechos desde que se encuentran en el vientre materno, a través de la atención integral de la madre y en todos los momentos de su vida, en las áreas de salud, seguridad y soberanía alimentaria, educación, estimulación temprana, desarrollo sicomotriz, afectivo, cognitivo, comunicacional y en formación de valores.
Los fundamentos jurídicos de esta política son: Constitución Política de la República, Convención sobre los Derechos del Niño, Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley General de Educación, Ley General de Salud, Ley de Responsabilidad Paterna y Materna y Estatuto de Autonomía de la Costa Caribe.
La política va dirigida a todas las niñas y niños entre los 0 a 6 años, pero se priorizan los siguientes grupos infantiles que viven tanto en zonas rurales como urbanas: Niñas y niños en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad; con discapacidad; de padres o madres con discapacidades severas; de los pueblos indígenas y afrodescendientes del Pacifico, Centro, Norte y Caribe; de madres y padres migrantes; en situación de riesgo social; víctimas de desastres y emergencias; con VIH/Sida o hij@s de madres o padres con VIH o Sida; hij@s de personas privadas de libertad; hij@s de niñas y adolescentes; y mujeres embarazadas.
Esta política es el resultado de un proceso colectivo, y participativo que reúne los compromisos, saberes y prácticas de cinco años de trabajo de educadoras, educadores, personal técnico, promotoras y promotores solidarios de Preescolares, Centros de Desarrollo Infantil Urbanos (CDI), Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios (CICO´s), Casas Bases, Casas Maternas, Centros y Unidades de Salud y Centros de restitución de derechos de la niñez.
La política sistematiza la experiencia de unas 140 mil visitas casa a casa en donde se compartió con las familias nicaragüenses la Cartilla de Amor por los más chiquitos y chiquitas que muestra cómo debe ser la estimulación temprana desde los hogares para potenciar las capacidades cognitivas, sicoafectivas, motoras y comunicacionales de las niñas y niños. También se sistematizaron las propuestas recogidas en 28 foros municipales ydepartamentales en donde centenares de familias y representantes de lascomunidades plantearon cómo debe ser la atención a las niñas y niños de 0 a 6 años.
Los componentes de la política son: Educación; salud; estimulación temprana; centros de desarrollo de la primera infancia; identidad, seguridad alimentaria; prevención de todas las formas de violencia contra la niñez, atención a las víctimas y sanción para los agresores; restitución de derechos; y viviendas seguras.
Las instancias ejecutoras de la política son: El Ministerio de Educación (MED), Ministerio de Salud (MINSA) y Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN), además de instituciones de Gobierno que de forma directa o indirecta atienden a niñas y niños de 0 a 8 años.
Al 2011 se han realizado un total de 204,453 visitas casa a casa a las familias de niñas y niños chiquitos, participando en dichas visitas la red de atención de preescolares, CICOs y CDI y población en general. Esta acción fue coordinada entre las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Social (MINSA, MINED y MIFAN) con el apoyo de las Alcaldías, Gabinetes del Poder Ciudadano y la Promotoría Solidaria.
El Programa Integral de Nutrición Escolar, contribuye a mejorar los índices educativos y nutricionales de los niños y niñas en edad escolar, promueve la creación de capital humano y social en las comunidades por medio de la participación y capacitación de las madres y padres de familia en las actividades de alimentación escolar a fin de asegurar un servicio de alimentación con calidad que beneficie a las familias de escasos recursos.
El programa tiene como marco jurídico la Constitución Política de la República, el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
El PINE es parte de la Estrategia de Seguridad Alimentaria Nacional y está integrada por cuatro ejes fundamentales: Merienda Escolar, Huertos Escolares, Currículo y Mejores Alimentos en Kioscos Escolares.
El programa tiene presencia nacional y cobertura universal para todos los niños y niñas de la Educación Pública, que asisten a los preescolares formales y comunitarios, la educación primaria y los multigrados.
La merienda escolar es diaria para cada niño y niña, compuesta por 145 gramos de alimentos, que incluye arroz, frijoles, aceite, cereal, maíz y harina. Los alimentos son preparados en los centros escolares o en las casas de las familias con hijos e hijas en las escuelas.
El Programa Integral de Nutrición Escolar cuenta con un gran potencial de fortalecimiento y creación de capital social que se deriva del diálogo y la cooperación entre los distintos niveles que se vinculan en el flujo de información establecido a nivel territorial. Además, el PINE cuenta con toda una base social que se expresa en los Comités de Alimentación Escolar (CAE), constituidos en cada uno de los centros de estudios públicos del país.
Los CAE que están organizados en cada centro escolar, tienen un rol activo en las escuelas, colaboran voluntariamente con el PINE-MINED y ejercen un importante mecanismo de control social.
Los huertos escolares son una importante herramienta didáctica para los maestros en clase, en las disciplinas de ciencias, historia, matemática y otras. También son una herramienta para el fortalecimiento de la organización comunitaria, desde la escuela hacia la comunidad, pues los estudiantes, maestros, padres y madres de familia, ONG’S, gobierno y aliados están involucrados en su implementación y monitoreo. Los padres y madres de familia ayudan con la implementación y mantenimiento. Los estudiantes participan activamente de su monitoreo haciendo el riego y limpieza. Los maestros contribuyen con las donaciones de semillas y las ONG’S donan herramientas, semillas y brindan capacitaciones.
Los huertos contribuyen a mejorar la calidad de la merienda y los hábitos alimentarios de los estudiantes, en la medida que se producen alimentos nutritivos complementarios a los que suministra el PINE.
En el período 2007 – 2011, el Programa de Merienda Escolar ha entregado 577,922,804 raciones de alimentos, beneficiando anualmente a un promedio aproximado de 966,669 estudiantes de preescolar y primaria. Este programa es complementado con 2,038 huertos escolares que constituyen una herramienta educativa y de cultivos familiares, para el fomento del respeto a la Madre Tierra.
En el año 2009 la FAO reconoció a Nicaragua a nivel internacional, como el mejor país en contar con los elementos fundamentales del Sistema de Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN), donde se destaca al Programa Integral de Nutrición Escolar, implementado por el MINED.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en el año 2009 instauró el Programa Plan Techo Solidario, el cual tiene como objetivo fundamental dotar a las familias pobres de un techo digno y eliminar los techos de plástico y cartón, que les permita vivir en mejores condiciones de salubridad y mayor seguridad física.
El paquete consiste en la entrega a cada familia de 10 láminas de zinc corrugado calibre 26 de 12 pies de longitud y 2 libras de clavos para zinc de 3”.
La Promotoría Solidaria en coordinación con los Gabinetes del Poder Ciudadano y las alcaldías, realizan un diagnóstico de la situación de las viviendas, beneficiando a las familias en situaciones sociales críticas.
Las familias participantes del programa están a cargo de las actividades de descarga, almacenamiento, resguardo de materiales en cada vivienda y reparación de los techos; además se comprometen a no utilizar los materiales para otros usos diferentes a lo establecido.
A través de este programa se entregaron 4,103,460 láminas de zinc en beneficio de 410,346 familias pobres del campo y la ciudad.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional se ha planteado como política habitacional restituir el derecho de las familias nicaragüenses a gozar de una vivienda digna, que permita mejorar sus condiciones de vida con criterio inclusivo, tanto el acceso a los sectores de bajos ingresos como el desarrollo de mercados de vivienda con condiciones crediticias que beneficien a sectores de ingresos medios con créditos hipotecarios a largo plazo e intereses justos.
Los fundamentos jurídicos están contenidos en La Constitución Política en sus artículos 60 y 64 y la Ley 677 “Ley Especial para el Fomento de la Construcción de Vivienda y Acceso a la Vivienda de Interés Social”.
El Programa Casas para el Pueblo, tiene como objetivo restituir el derecho ciudadano a tener una vivienda digna, cómoda y segura para las familias de ingresos bajos y medios, con un interés bajo y justo, y con mensualidades acorde a los ingresos de las familias. El programa incluye el financiamiento para la adquisición de nueva viviendas y para mejoramiento habitacional.
En el período 2007-2011, en base al Modelo de Responsabilidad Compartida, se construyeron, en un esfuerzo conjunto entre Gobierno, Alcaldías y Sector Privado, un total de 38,347 viviendas atendiendo a igual número de familias, que históricamente habían sido marginadas; 19,526 viviendas fueron construidas por el Gobierno, 11,215 por las Alcaldías y 7,606 por el sector privado. También se otorgaron subsidios directos a familias con ingresos bajos y medios, para la construcción de 12,626 viviendas beneficiando a 63,130 personas (73.0% de familias con ingresos mensuales por debajo de C$4,000.00); y para el mejoramiento y/o ampliación de 7,093 casas que beneficiaron a 35,465 personas.
El programa Calles para el Pueblo, busca mejorar el bienestar de la población a través del recarpeteo, reconstrucción o construcción de las calles de los barrios pobres de las diferentes ciudades del país.
Estas obras son hechas desde el modelo de alianzas entre el gobierno nacional, gobierno local y el Poder Ciudadano. El programa Calles para el Pueblo lo ejecuta el Gobierno en coordinación con las Alcaldías del país y el Poder Ciudadano. La población fiscaliza las obras que se realizan, para garantizar que los proyectos sean de calidad y tengan una vida útil de varios años.
Al año 2011 se pavimentaron 21,417 cuadras, lo que ha permitido mejorar las condiciones de acceso de las familias a los barrios y las comunidades; disminuyendo charcas y polvaredas (que ayudan a prevenir enfermedades respiratorias y diarreicas agudas); facilita el acceso de los estudiantes a sus centros de estudio y sus casas; propicia el ahorro de combustible y mejora la circulación del tráfico vehicular tanto colectivo como particular, alargando la vida del parque automotor y reduciendo los niveles de accidentalidad en las calles.
A través de la historia oligárquica del país se ha concentrado la riqueza en unas pocas manos y multiplicado la inmensa masa de seres humanos excluidos del empleo, los servicios básicos, la salud y la educación. Los valores de avaricia, individualismo, competitividad, acumulación, exclusión y elitismo de este modelo, heredó un país en serias dificultades económicas, un alto porcentaje de analfabetas y altos índices de pobreza, así como poblaciones marginadas en extremo como las zonas rurales del país y la Costa Caribe.
El tránsito hacia una nueva sociedad más justa y equitativa, promovida por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a partir de enero del 2007, no hubiese sido posible, sin realizar una profunda reflexión y toma de conciencia, del rescate de valores y prácticas de una nueva cultura, todavía en proceso de construcción.
Desde esta perspectiva el Modelo del Poder Ciudadano Cristiano Socialista y Solidario que impulsa el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional conlleva profundas transformaciones políticas, económicas y sociales. Un cambio sustantivo en la formulación y administración de las políticas públicas a través de un papel renovado del Estado, acompañado con cambios en la conducta de las y los nicaragüenses que propicie la responsabilidad nacional del desarrollo humano, y el compromiso individual, familiar, comunitario y colectivo con la Nación.
Un respaldo determinante para lograr estos cambios y garantizar los derechos humanos y respeto a las poblaciones tradicionalmente excluidas en el país, es contar con un marco jurídico y legal amplio, desde la Constitución Política de Nicaragua hasta leyes específicas que facilitan el tránsito hacia esa nueva sociedad.
De igual manera, la conformación de una estructura organizativa del pueblo a nivel nacional, sectorial y local, como son los Gabinetes del Poder Ciudadano, facilitan la toma de decisiones consensuadas, brindándole al pueblo la oportunidad histórica de tomar en sus manos el poder, el poder de decidir su presente y su futuro en todos los aspectos de la vida para el logro del bien común. Esto también permite al Gobierno satisfacer las demandas del pueblo, tomando medidas y acciones de manera eficiente y oportuna.
El esfuerzo por cambiar una sociedad no se puede hacer solo, por eso el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, ha promovido la amplia participación de todos los sectores sociales y económicos del país en los Gabinetes del Poder Ciudadano y los Gabinetes Sectoriales. De igual manera ha establecido alianzas estratégicas con los trabajadores, los productores de todo tamaño y el Sector Privado para el desarrollo del país, compartiendo conocimientos, esfuerzos, recursos y responsabilidades.
Como instrumento de gestión, se cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH 2007-2011 y 2011-2016) cuyas líneas estratégicas incorporan las necesidades de la población, así como, por primera vez en la historia de Nicaragua, se cuenta con un Plan Nacional de la Costa Caribe, población tradicionalmente excluida. También se cuenta con una serie de políticas y programas orientados a reducir la pobreza y la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de todo el país, que ya han logrado avances importantes.
Es importante mencionar, la voluntad, espíritu de trabajo y compromiso del pueblo nicaragüense, especialmente de las mujeres y los jóvenes, que se han involucrado masivamente en todas las actividades sociales, garantizando de esta manera con éxito los principales programas en beneficio del pueblo. Más de 1, 100,000 nicaragüenses se movilizan anualmente como voluntari@s en la alfabetización, jornadas populares de salud y vacunación, promotoría social solidaria, reforestación y en apoyo a otros programas.
Podemos expresar con satisfacción que el mejoramiento de los principales indicadores socio económicos, tales como el crecimiento del PIB del 5.1% en 2011; la reducción de 22% del analfabetismo en 2006 a 2.8% en 2011; reducción de los índices de pobreza general de 48.5% en 2005 a 42.5% en 2009 y de 17.2% a 14.6% la pobreza extrema; la reducción de la mortalidad materna pasando de 92.8% en 2006 a 61.9% en 2011, ha sido producto de la visión estratégica del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en el diseño e implementación de un Modelo inspirado en Valores Cristianos, Ideales Socialistas y Prácticas Solidarias.