Jorge Capelán, 20 de noviembre 2019
De manera desesperada, el gobierno de facto quiere ganar la apariencia de respaldo social, mientras pone de manifiesto que aunque la única misión atribuida, conjuntamente el Órgano Legislativo, es la de llamar a nuevas elecciones y a la elección de un nuevo Tribunal Supremo Electoral; en realidad se ha concentrado en buscar el desmantelamiento del Estado Plurinacional.
Manifiestan que privatizarán algunas empresas, sale de organismos internacionales a los que pertenecemos, ordena la represión y persecución de dirigentes sociales, y ahora de diputados y senadores “masistas”, les da un decreto a las FFAA para que puedan reprimir sin ninguna responsabilidad penal para ellos, es decir desde la impunidad, reparte ministerios a todos los allegados opositores para conformarlos; es decir está tejiendo una nueva estructura de poder atropellando los derechos de las mayorías y a eso le llama democracia.
Todavía más sale con sectores sociales opositores como los cocaleros de Yungas, a quienes les hace leer un manifiesto que evidentemente redactó el ministro y por si acaso a su lado, la ministra de comunicación “revisa” que diga lo que tiene que decir, e improvisa diciendo de que un dirigente leerá el comunicado en aymara y en realidad lo hace en quechua, poniendo de manifiesto el circo mal armado que tiene este gobierno de facto; mientras hoy ya asesinó a otras 3 personas en Senkata, e hirió al menos a otras 17 en su afán de consolidar el poder de facto de las minorías.
Existen presiones y amenazas además al órgano legislativo, que tiene los 2/3 que el MAS logró en la elección del 2014, para que no se sesionen en congreso y puedan tratar las renuncias tanto del Presidente Evo como de los parlamentarios que renunciaron, tal como dice la Constitución.
Con este propósito el ministro de gobierno públicamente amenazó a los parlamentarios masistas de “sedición”, a otros de amenaza con sus propias familias, e incluso hubo ofrecimientos monetarios, todo con tal de eliminar el otro órgano de poder público.
En ese camino es que podemos entender la dilación en la convocatoria a sesión para responder además a la urgencia de convocar a nuevas elecciones y a la elección de nuevos vocales electorales.
Es más que evidente para la mayoría del país y del mundo que nos acompaña, de que vivimos un golpe de estado, al que ellos quieren maquillar con una sucesión constitucional que no ocurrió; y que hoy buscan legitimar ese poder adquirido truchamente, con gases, balas y represión.
El siguiente paso anunciado y “respaldado” por “sus” sectores sociales es el de aprobar mediante Decretos (ambas convocatorias, a elecciones y al nombramiento de nuevos vocales) asumiendo ya plenamente el carácter dictatorial del gobierno de facto, que no sólo desconoce al Legislativo, sino que asume toda la potestad de reprimir y matar a los bolivianos que se opongan, como lo han hecho ya con muertos, heridos y detenidos.
Cuál la respuesta desde los sectores populares? Movilización permanente e insistir en la defensa de su identidad y de su derecho democrático de mayoría, pero hasta ahora siempre a pecho abierto como es el pueblo, y cada vez más dolido y conmovido con sus casi 30 muertos, como 200 heridos y más de 500 detenidos; pero sin desistir.
Otros apuestan al repliegue organizado en el que podamos contener esa rabia para convertirla en el pueblo militante y revolucionario que es, y convertirla en estrategia organizativa, en la vuelta a la voluntad de las bases, en un salto ideológico sobre la materialidad con la que nos hemos enfrentado a la oligarquía y sus vasallos. Asumiendo que somos mayoría y lo seguiremos siendo, prepararnos para derrotar electoralmente a los opositores, en condiciones más difíciles, pero que nos han templado para fortalecer el camino revolucionario que emprendimos hace ya casi 14 años.